Cómo quiere cambiar el Consell la financiación que ofrece el Gobierno

Las alegaciones de la Comunitat no se conocerán con detalle hasta el miércoles, día en el que el presidente de la Generalitat las analizará junto a la comisión mixta Consell-Corts y con la Plataforma per un Finançament Just. Lo que ha trascendido hasta ahora es que se trata de un documento denso, con bastantes hojas, «muy completo técnicamente y que defiende los intereses de la Comunitat Valenciana». Una propuesta que, en definitiva, sienta las bases de lo que el Ministerio debería hacer para valorar la población en el nuevo sistema de financiación autonómica.

¿Y eso, en qué se traduce? Las declaraciones del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el contenido de los informes elaborados por Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que dirige Ángel de la Fuente, arrojan algunas pistas de por dónde pueden ir esas alegaciones. Si Soler aseguraba pocos días después de conocer la propuesta del ministerio que la definición de población ajustada, «en base a criterios estrictamente poblaciones y demográficos», debía adecuarse mejor a las necesidades reales de gasto que tenemos, era porque, como también admitía Fedea en uno de sus últimos estudios, la propuesta del Gobierno incorpora algunos elementos que distorsionan el cálculo sobre la única base de la población.

En primer lugar, decía Fedea, un peculiar reparto «por bloques» de la partida de costes fijos que se propone en base a un confuso e innecesario ejercicio de análisis de clusters. Y por otro lado, la introducción con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas comunidades. Dos ajustes ad hoc, decía fedea, que abren la puerta a una cierta arbitrariedad, y que derivaban en que dos regiones, Extremadura y Aragón, salieran como las más beneficiadas, y que en cambio la Comunitat no redujera diferencias con la financiación por habitante.

De manera que la desaparición de esos dos factores, o como mínimo una corrección técnica importante, se antoja indispensable en las alegaciones de la Comunitat contra la propuesta del ministerio. Fedea ya señaló que las regiones más beneficiadas eran las de la España vacía y las más pequeñas. La valenciana no se encuentra en ninguno de los dos grupos.

Por otro lado, el Gobierno valenciano ha venido incidiendo en dos aspectos que, sin formar parte estrictamente del criterio de población ajustada, sí que se reivindican como imprescindibles a la hora de afrontar el debate de la financiación. Por un lado, la necesidad de abordar la deuda generada por esa infrafinanciación que se ha arrastrado hasta la fecha, sin duda desde 2009, cuando se aprobó el modelo aún en vigor, pero también desde el que vio la luz en 2002 o incluso desde que se transfirieron las competencias en los años ochenta. Una deuda que la vicepresidenta Mónica Oltra llegó a cifrar en 30.000 millones de euros, aunque el conseller Soler ha evitado concretar su cuantía.

Y por el otro, la necesidad de componer mecanismos que permitan a las CCAA peor financiadas equipararse con la media, al menos mientras se aprueba el nuevo modelo. Un hecho que, con las elecciones de Castilla y León en tres semanas y las andaluzas probablemente para verano, amenaza con retrasar aún más -ya van ocho años de dilación y además de las mencionadas, tocan municipales y autonómicas en mayo de 2023 y generales en enero de 2024- la aprobación del nuevo modelo.

Unos mecanismos que pasarían inevitablemente por incrementar los recursos de que disponen esas regiones -junto a la valenciana, Murcia y Andalucía- como medida urgente. Un fondo extra que no se ve condicionado ni por el FLA con el que el Gobierno cubre el sobre gasto de las CCAA -porque eso acaba siendo deuda-, ni por los fondos aportados por el Estado para hacer frente al Covid, y que en todo caso no corrigen la diferencia de financiación de la Comunitat con el resto de regiones.