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El Gobierno valenciano se ha citado el próximo 10 de abril con el ministerio de Hacienda, por vía telemática. Será una primera reunión bilateral ... tras la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 26 de febrero de dar luz verde a una quita de la deuda de las CCAA, en línea con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con sus socios independentistas catalanes. Un acuerdo adoptado pese a la decisión de 12 CCAA, más las dos ciudades autónomas, de abandonar la reunión para expresar su rechazo hacia el pacto planteado, que sumaría la condonación de 83.000 millones de euros.
Pese a ese plante, la secretaria general de financiación autonómica y local se dirigió por escrito hace dos semanas a la conselleria de Hacienda para convocarla a una reunión en la que abordar aspectos técnicos vinculados a la quita de la deuda. La propia vicepresidenta y titular de Hacienda María Jesús Montero ya anunció que el Gobierno insistiría en sacar adelante esta propuesta que, en todo caso, debe transformarse en ley orgánica y que tiene carácter voluntario.
En su contestación, el Gobierno valenciano recuerda lo sucedido en la reunión de febrero. «No entiendo la índole de esta convocatoria», señala la carta que firma el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó. «Como secretaria del CPFF, conoce de primera mano que en el pasado pleno, respecto a los acuerdos que afectaban a todas las CCAA(…) sin contar con las administraciones autonómicas; la mayoría de las comunidades autónomas (12 más las dos ciudades autónomas), los rechazaron de forma absoluta, abandonando la reunión para mostrar su disconformidad con el proceder del Gobierno en estos asuntos», se recuerda.
En su escrito, la Generalitat expresa que «no parece adecuado ahora seguir avanzando sobre el mismo, salvo que la Ministra de Hacienda vaya a tomar en consideración, la opinión formulada por escrito en ese pleno por la mayoría de las CCAA». Un escrito en el que las regiones gobernadas por el PP rechazan de forma «unánime» la condonación, que tildan de decisión «arbitraria y discriminatoria», y reclaman la actualización de las entregas a cuenta, que se blinde el respeto a la autonomía fiscal de cada territorio y que se mantenga el mecanismo del extra-FLA porque permite una liquidez adicional para hacer frente al déficit. Y piden al Ejecutivo «volver al respeto y la lealtad institucional» entre las administraciones.
En su carta, el Gobierno valenciano señala al ministerio de Hacienda que «si en el ánimo de su convocatoria está retomar estos asuntos en la forma en la que han demandado la mayoría de las comunidades autónomas, estamos dispuestos a mantener esa videoconferencia para escuchar sus nuevas propuestas sobre el sistema de financiación autonómica y la racionalización del nivel de endeudamiento como elemento de cierre». La fecha planteada es el 10 de abril, vía telemática, «para que nos trasladen sus nuevas propuestas en estos asuntos».
La referencia a abordar el endeudamiento como elemento de cierre viene a aludir a la necesidad de abordar ese asunto en el marco del nuevo sistema de financiación autonómica. «La deuda de la Comunitat Valenciana es consecuencia de unos menores ingresos por parte del sistema por tanto si se produce primero la condonación y no cambiamos el sistema no servirá de nada», se explica desde la administración autonómica, que insiste en que primero hay que cambiar el sistema y en su caso «como elemento de cierre abordar la reestructuración de la deuda».
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reclamado a la vicepresidenta y ministra del ramo, Mª Jesús Montero, «que se ponga a trabajar ya» en la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, al dar por hecha su «incapacidad» de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. En declaraciones a los medios en Les Corts, Merino ha esgrimido que la Comunitat Valenciana debía estar cobrando «desde el 1 de enero» estas entregas a cuenta, pero el Gobierno ponía como «excusa» la negociación de los PGE. Según ha defendido, es necesario exigir esa actualización ahora que tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como otros ministros «no dan importancia a que no se presenten los Presupuestos», algo que ha asegurado que el Consell daba por hecho y que ha achacado a la «debilidad» del presidente Pedro Sánchez porque «tiene unos socios de los que no se puede fiar» y «no es capaz de llevar prácticamente nada al Congreso de los Diputados».
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