El Consell, condenado a pagar más de 50.000 euros en costas durante 2021

En este caso, el TSJ valenciano ha considerado en diversas ocasiones y procedimientos que, como consecuencia de denuncias o recursos contencioso-administrativos presentados por el PP valenciano, la administración autonómica no sólo resultaba condenada, sino que además se le imponía el pago de las costas procesales del recurrente, en este caso la formación popular.

La mayor parte de esos recursos corresponden a la solicitudes de documentación por parte de los populares a las que el Consell habría contestado de forma negativa. Durante el mes de septiembre de 2021 se interpusieron más de 70 recursos contencioso-administrativos por el retraso injustificado, de más de 2 años en muchos casos, por parte del Consell, en la entrega de documentación a diputados como María José Catalá, José Juan Zaplana, Eva Ortiz, Elisa Díaz, José Císcar y Rubén Ibáñez.

En la mayoría de dichos procedimientos, el Consell entregó la documentación solo después de haber recibido el requerimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia, por lo que pese a que procedía el archivo por satisfacción extraprocesal, la defensa letrada del GPP solicitó lacondena en costas como forma de sancionar el ilegal proceder del Consell que impone a los diputados acudir a los tribunales para ejercer sus derechos.

Hasta la fecha, el TSJ se ha pronunciado de forma favorable a esa condena en costas en la totalidad de los recursos sobre los que se ha pronunciado, que son un total de 69. Es decir, la administración autonómica ya ha sido condenada a abonar casi 50.000 euros por este concepto.

Hay más condenas. Eva Ortiz presentó recurso contencioso-administrativo frente a la denegación por la Conselleria de Economia de una solicitud de documentación relativa al expediente sancionador a las empresas del cártel de Francis Puig por la Comisión de Defensa de la Competencia. La condena al Consell incluyó el pago de 1.700 euros en costas.

Ortiz también presentó otro recurso en el trámite de alegaciones previas sobre inadmisibilidad en un recurso contencioso-administrativo relativo a la fiscalización de subvenciones de Francis Puig. El resultado fueron otros 500 euros en costas impuestos al Consell.

La administración autonómica no es la única que ha sufrido este tipo de condenas. El Tribunal Supremo impueso costas de 2.000 euros a la Agencia Antifraude ya a favor de Eva Ortiz en un recurso de casación instado frente a una sentencia relativa al acceso a la documentación de una investigación del cártel de Francis Puig.

Por otro lado, el TSJ se ha pronunciado en términos similares, también con la entidad que dirige Joan Llinares, en varios contencioso-administrativos presentados por la diputada alicantina por al acceso a documentación de una investigación al cártel de Francis Puig, asi como frente a la sentencia que reconocía el acceso a esa documentación.