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La emergencia ha venido para quedarse. Y no sólo la sanitaria que supone la pandemia, sino también la administrativa que ha convertido la contratación pública ... en un mercado en el que las licitaciones son ya casi el último recurso a la hora de cerrar un acuerdo económico con los proveedores. Y es que en 2020, el último año completo examinado, las consellerias de la Generalitat contrataron por emergencia (sin tramitación) el 35,35% de los casi mil millones que gastaron en acuerdos registrados. En total, 334 millones sin licitación. Un 19,6% de todos los acuerdos firmados. La cifra iguala a la de los procedimientos abiertos (38,4% del presupuesto) y consolida una peligrosa tendencia que llegó con el coronavirus para hacer frente a momentos de extrema necesidad.
Y es que 2020 fue un año especial a todos los efectos, como demuestran las cifras de la memoria de la junta superior de contratación administrativa. El Gobierno valenciano vivió una verdadera fiebre por los contratos a dedo, en sus distintas versiones. En las consellerias y las empresas del sector público, un 68% de contratos firmados se hizo sin licitación. Es decir, de manera directa. En algunos casos, previa consulta a una o varias empresas, pero sin concurso. Más de 6.000 contratos, de los 8.000 firmados, si excluimos los menores de 5.000 euros. Contando el grueso de contratos, la cifra asciende a 28.279, por un importe de casi 1.600 millones de euros.
Atendiendo al procedimiento de adjudicación de todos los contratos (excluidos los más pequeños, que se pagan por factura), casi 5.000 se firmaron de manera directa y otros 1.000 por emergencia. Es decir, sin necesidad de tramitación. De manera abierta, o sea, por concurso, se suscribieron un 12,9% de los grandes contratos, por un importe de 627 millones de euros.
El problema es que la arbitrariedad a la hora de contratar, lejos de acotarse a la pandemia, se ha mantenido, porque el Consell modificó la ley de contratos, mediante una disposición adicional, para que todos los contratos que se requirieran para poder hacer frente a la recuperación económica se pudieran tramitar por emergencia. Así que la memoria de 2021, una vez se audite, confirmará que el Consell se ha acostumbrado a contratar a dedo.
El año 2020 fue sin duda un año marcado por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, algo que incidió de lleno en la contratación pública. El 27 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, la Generalita publicó un decreto para regular las contrataciones por emergencia, el segundo tipo de contrato al que más acudió el año pasado. En total, el Consell y sus empresas públicas suscribieron un totoal de 28.279 contratos con hasta 779 empresas clasificadas, de las 2.880 inscritas en el registro de contratos de la Generalitat.
La Generalitat y sus empresas suscribieron en 2020 24.714 contratos menores. Un 87,4% de los acuerdos suscritos ese año, que representan un 5% del presupuesto.
Uno de cada tres euros que la Generalitat gastó en contratos en 2020 se hizo por emergencia. En total, se firmaron 880, que supusieron un 20% del presupuesto total.
El Consell modificó la ley de contratos en 2020 para poder extender la emergencia a todo contrato relacionado con la pandemia y las acciones necesarias para la recuperación de la crisis que ocasionó. Es decir, para casi todo este año.
Si se tienen en cuenta los contratos suscritos por los distintos departamentos de la Generalitat y el sector público, las consellerias que más contratos han suscrito a lo largo de 2020, año de pandemia, fueron Sanidad, Educación e Igualdad con un total de 9.993 contratos entre las tres. Destaca especialmente el caso de la Conselleria de Sanidad , que para poder atender a la emergencia sanitaria suscribió un total de 8.555 contratos de los 12.013 que han suscrito el conjunto de los departamentos por un importe de 568,46 millones, el 59,63%, la mayor parte de ellos no menores.Le sigue Educación con un total de 753 contratos (principalmente menores) por un importe total de 138,37 millones de euros, el 14,51%; y, finalmente, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha suscrito 685 contratos en 2020 por importe de 101,83 millones, el 10,69%. En el sector público instrumental, durante 2020 han destacado por el número de contratos formalizados las distintas fundaciones de investigación como Fisabio (1.816 contratos), la Fundación del Hospital la Fe (1.494 contratos); la fundación del Hospital Clínico (1.058 contratos). Igualmente, destaca Ferrocarrils de la Generalitat FGV, que ha suscrito un total de 2.234 contratos.
Los contratos de emergencia son una figura regulada para hacer frente a imprevistos. Pueden ser verbales.
La Generalitat (el Consell y su sector público) firmaron el año de la pandemia un total de 1.076 contratos de emergencia.El importe de esos acuerdos ascendió a 358 millones de euros, un 22,6% del presupuesto.
Dos de cada tres contratos que la Generalitat suscribió en 2020 se adjudicó sin licitación. Es decir, de manera directa. En concreto, un 33% de los adjudicados se hizo de manera directa previa consulta a una empresa. Un 22,6% o previa consulta a varias, y un 12,1% de las firmas fue para contratar obras o servicios por emergencia. Así, se firmaron sin licitación 6.028 contratos de los 8.869 suscritos con empresas.
La memoria de la junta de contratación de 2020 no habla de encomiendas de gestión de ni de expedientes de enriquecimiento injusto, dos de los tipo de contrataciones de los que más echa mano el actual Gobierno valenciano. Los primeros son encargos a medios propios que no requieren licitación. Los segundos, también llamados 'rescabalaments' se producen para poder pagar servicios u obras que se han realizado al margen de un contrato o éste ya ha escedido, pero por las que el contratista tiene derecho a cobrar. El Consell aprueba decenas cada semana.
La Conselleria de Sanidad fue el departamento que más contratos suscribió por emergencia. Un total de 589 durante la pandemia. La cifra está dentro de la lógica de una epidemia sanitaria en la que el Consell tuvo que hacer provisión de materiales contra el covid en tiempo record. Para ayudar con la contratación, incluso se intervino el área con la figura de una comisionada para las compras sanitarias que a día de hoy todavía se mantiene en vigor.
En 2012 no se había iniciado el registro de los contratos menores. La obligación de registrarlos -a partir de 9.000 euros, si se trata de contratos de obras, o de 3.000 en otro caso-, entró en vigor el 1 de julio de 2013. El 9 de marzo de 2018 entró en vigor la obligación de registrar todos los contratos menores excepto los pagos inferiores a 5.000 euros que se pagan a través de la caja fija.
La Generalitat cerró en 2020 contratos públicos por importe de 1.599 millones de euros. De ellos, 953 los suscribieron las consellerias y 646 las empresas públicas. De esa cifra, 1.521 millones fueron para contratos que superaban los 15.000 euros y apenas 78 para contratos menores y contratos de menos de 5.000 euros.
Según la memoria de la junta superior de contratación de la Generlaitat, en 2020 había 2.280 empresas activas en el registro de contratos públicos. De ellas, se derivaron 1.476 anotaciones registrales. El número de empresas clasificadas es de 779, repartidas en su mayoría por la provincia de Valencia (413), Alicante, Castellón y de fuera.
Se consideran contratos menores aquelos contratos de obra cuya cuantía sea inferior a los 40.000 euros o a los 15.000 euros en el caso de suministros o servicios. Se pueden adjudicar sin licitación, de manera directa, previa consulta a una empresa o a varias. Dividir un contrato en varios menores es fraccionamiento.
El procedimiento abierto es el sistema de adjudicación de los contratos públicos en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición y en el que está prohibida toda negociación de los términos del contrato con el licitador.
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