El Consell cumple una semana con los recortes escondidos

«No tengo más información de la que dispone usted». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, admitió el viernes ante los medios de comunicación su falta de información respecto a los recortes aprobados por el Gobierno valenciano -técnicamente, retenciones de crédito- y que se han remitido al ministerio de Hacienda. Ocho días después de que el Botánico aprobara ajustes por un total de 365 millones de euros -al menos sí se aportó la cifra global-, el Gobierno valenciano no ha aclarado el detalle, la letra pequeña de una medida que, obviamente, suspenderá algunos de los compromisos financieros del Consell de Puig y Oltra para el actual ejercicio.

El Palau de la Generalitat ha venido defendiendo su silencio respecto a esos ajustes desviando la atención a la supuesta garantía de que no afectarán al gasto social. La promesa, que no ha podido medirse porque los recortes no se han detallado, parece querer salvaguardar los fondos destinados a Educación, Sanidad e Igualdad, los departamentos 'sociales' por excelencia. Sin embargo, y tal y como ha publicado este diario, esos departamentos también se verán afectados por los ajustes. La propia Oltra admitió el viernes que ella sabía las retenciones de crédito de departamento. «Lo que no sé son las cifras globales», remachó.

El Consell, por contra, ha optado por remarcar que los ajustes afectan únicamente a proyectos que pueden aplazarse y que, en todo caso, no iban a poder realizarse a lo largo del ejercicio. La aclaración describe probablemente la discutible gestión que se ha hecho de una medida que venía impuesta por el incumplimiento de los objetivos de déficit y que, en realidad, iba a acabar siendo realidad como tantos programas presupuestarios que, al finalizar cada ejercicio, se quedan pendientes. «Si en el presupuesto se incluyen 1.300 millones de ingresos ficticios, anunciar recortes de 365 es un sinsentido», admite un cargo.

La explicación para no concretar los recortes dirige el foco al ministerio de Hacienda. Es el departamento que dirige María Jesús Montero -se explica desde la conselleria- el que tiene que aprobar ese Plan Económico Financiero (PEF) y hacerlo público. El procedimiento es ese -que no impide en ningún caso que el Gobierno pueda concretar las cifras comprometidas por áreas-, aunque esa circunstancia no impidió a los Gobiernos del PP hacer públicos sus planes de ajuste. Fuentes del ministerio de Hacienda aseguraron ayer a este diario que el PEF de la Comunitat Valenciana no se dará a conocer mientras que no se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que es el órgano que debe aprobarlo. Con el 10 de noviembre a un tiro de piedra, el ministerio que dirige María Jesús Montero no tiene ni remotamente en agenda reunirse con todas las CCAA para que, de paso, le abran el melón de la reforma de la financiación autonómica.

De manera que una semana larga después de que se hiciera pública la cuantía global de esas retenciones de crédito, el Consell que iba a hacer de la transparencia una de sus banderas sigue sin revelar la letra pequeña, el detalle, los proyectos que se ven aparcados como consecuencia de esa medida. Lo más parecido a una explicación sobre esos ajustes la ofrecerá -si se cumple lo anunciado- el conseller Soler el próximo día 15 en Les Corts. Para ese día se ha convocado la comisión de Hacienda en la que se espera que el responsable de las cuentas autonómicas aporte algo más de luz -no parece probable que todos y cada uno de los recortes aprobados- respecto al PEF.

La fecha de la comparecencia, después de que la comisión delegada de asuntos económicos de Hacienda haya desbloqueado el FLA que permitirá la llegada de 365 millones de euros a la Comunitat -la misma cifra que se recorta-, trata de garantizar un debate menos áspero que si el Consell únicamente tuviera que explicar su tijeretazo.

El de este año no es el primer plan de ajuste de un Gobierno valenciano. Ni mucho menos. Bajo el mandato del PPCV también tuvieron que aprobarse medidas y tijeretazos bastante más contundentes que este de 365 millones años del Botánico. A principios de enero de 2012 el Diari Oficial publicó lo que vino en denominarse 'decreto Vela' -el conseller de Hacienda era entonces José Manuel Vela- que recogía una serie de medidas urgentes que el Consell adoptaba, y que afectaban tanto a los ingresos públicos como a los gastos «con el fin de facilitar la reducción del desequilibrio presupuestario de la Generalitat, asegurar el cumplimiento de sus compromisos en la materia durante los próximos dos ejercicios, así como garantizar que el sector público autonómico se afiance en una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura de la deuda y del déficit público autonómico». La iniciativa, dirigida a ahorrar 700 millones, según explicó el entonces presidente Alberto Fabra, incluyó, entre otras medidas, un recorte en la jornada laboral y en el salario de los interinos -medida que posteriormente fue tumbada por el TSJ-. También la supresión de 46 entes públicos, y el aumento de la fiscalidad de diversos impuestos. Tanto Vela como el entonces conseller de Economía, Enrique Verdeguer, comparecieron ante los medios de comunicación para detallar cada una de las medidas.

La llegada del FLA -Oltra utilizó el viernes el término 'flandangues'- supone un respiro para los problemas de tesorería de la Comunitat. De no haber recibido ya esos fondos, la administración autonómica habría tenido serios problemas de liquidez hasta final de año. La aportación de fondos genera un cierto debate respecto a cuál es, entonces, la causa por la que es necesario aprobar ajustes equivalentes a la liquidez que aporta el ministerio. En realidad, sin recibir ese dinero de inmediato la Generalitat podría llegar a caer en algo muy parecido a una situación de quiebra. Por su parte, los recortes vienen provocados por el incumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Con Rajoy en la Moncloa, Puig, Oltra y Vicent Soler no dudaron en criticar lo que calificaron de «chantaje» y «estafa» para los valencianos -porque el FLA es un préstamo a devolver-. Esta semana todos ellos han sacado pecho al recibir esos fondos.

Apenas dos días después de que el Gobierno valenciano diera luz verde a sus recortes, el Banco de España publicó su boletín con las estadísticas de deuda de las administraciones públicas. En el caso de la Comunitat Valenciana, los datos de la entidad reguladora marcaron un crecimiento de casi 1.000 millones de euros en el último trimestre -el segundo de este 2019- y una cifra tope de 47.894 millones de euros. El dato supone un incremento de 7.000 millones en los últimos cuatro años -los que corresponden al Consell del Botánico- y deja la barrera de los 50.000 millones de deuda, únicamente superada hasta la fecha por Cataluña, a tiro de piedra.

Elecciones generales dentro de poco más de un mes. Una razón 'añadida' para que los socios del Botánico prefieran que los recortes no se hagan públicos. Compromís y Podemos señalan al PSPV como responsable de las medidas, pero sin hacer tampoco un 'casus belli' de la falta de información. «Estaría bien tener más (información)», dijo el viernes Oltra. Una crítica contenida hacia el conseller de Hacienda, el departamento al que se le ha atribuido la autoría de las retenciones de crédito aprobadas. No se conocen y por el momento no se conocerán, por más que la credibilidad de quien las oculta haya naufragado.