El Consell deberá pagar los 17.000 euros de la defensa de un absuelto en Cooperación

La Generalitat deberá pagar los costes de la defensa del que fuera director general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip, que terminó absuelto en la primera pieza del caso Cooperación, la trama de desvío de ayudas al Tercer Mundo liderada por el conseller Rafael Blasco. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, condena a la Administración valenciana al abono de 17.786 euros, cantidad que se ajusta a los honorarios del letrado y procurador. Además, también se le han impuesto a la Abogacía las costas por este procedimiento.

No es la primera vez que el alto tribunal admite el derecho de los altos cargos y funcionarios al cobro de una indemnización si se ven inmersos en un procedimiento penal y posteriormente terminan absueltos o su asunto se archiva. La compensación se puede conceder siempre que el afectado, en los inicios del caso, solicitara la asistencia letrada de la Abogacía de la Generalitat y ésta le fuera denegada por un conflicto de intereses. Esto es lo que ocurrió precisamente en el caso Cooperación, donde la Generalitat ejerció la acusación para recuperar los fondos. No podía al mismo tiempo defender a los que reclamaba responsabilidades.

Felip fue el único de los acusados en la primera pieza del caso Cooperación -ayudas a países en vías de desarrollo terminaron en empresas del entramado de Augusto César Tauroni o la compra de pisos en Valencia- que no fue condenado a penas de cárcel. El TSJ le impuso siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió. El exalto cargo solicitó entonces a la Conselleria de Transparencia -asumió las competencias de su desaparecido departamento- el pago de su defensa en este procedimiento. Pero se lo denegaron. Fue entonces cuando buscó amparo en la jurisdicción Contenciosa.

La clave de la demanda reside en la Ley de Asistencia Jurídica de la Generalitat. La Abogacía de la Generalitat se oponía a las pretensiones de Felip y argumentaba que en los supuestos en los que la Administración ejerce la acusación ya no se puede indemnizar. Reprocha esta tesis la sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativo «porque hacer abstracción del desenlace del pleito es sencillamente injusto». Pero tampoco comparte el tribunal el criterio de la Administración cuando sostiene que si el funcionario o alto cargo resulta absuelto, esta compensación económica, si procede, se corresponde con las costas del procedimiento. «La ley autonómica desliga por completo la indemnización de las costas», responde el TSJ. Admite el tribunal que hay que evitar un enriquecimiento injusto del afectado. Por ejemplo, que cobrara las costas y aparte una indemnización. Pero precisa el fallo que esa circunstancia no se da en la petición de Felip. El alto cargo no reclama los honorarios del recurso al Supremo -donde la Generalitat sí fue condenada en costas- sino la representación legal ante el juzgado de Instrucción 21, donde comenzó la investigación judicial, y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia, órgano que celebró la vista. En esta sentencia no se impusieron las costas a la Administración. Felip, en cambio, ha llegado a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en las otras dos piezas del caso que faltan por juzgarse. A cambio de pagar una importante cantidad económica, la condena se le quedará en menos de dos años de cárcel.

Existen precedentes de otros altos cargos que también han obtenido indemnizaciones tras verse envueltos en asuntos penales en los que finalmente terminaron absueltos, pero ninguno en la cuantía de Felip. Por ejemplo, es el caso de Isabel Villalonga, la que fuera subsecretaria de Presidencia de la Generalitat en la etapa de Francisco Camps al frente del Palau. La Generalitat también tuvo que abonarle cerca de 4.000 euros al ser exculpada durante la instrucción. Recientemente, la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) también ha emprendido una reclamación idéntica por los dos procedimientos, uno impulsado por Compromís, en los que resultó absuelta, por supuesto fraccionamiento de contratos y amaño de la adjudicación de un servicio de seguridad.