El Consell defiende a la firma del hermano de Puig: «Ojalá pasara en más pueblos»

Los autos judiciales tienen capacidad para modificar la composición de los gobiernos, pero también para variar los equilibrios de poder dentro de los ejecutivos. Ayer, tras el procesamiento del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, uno de los cargos con que Compromís cuenta en el Gobierno valenciano, el conseller de Educación, Vicent Marzà, evitó hacer una defensa de máximos de la causa que a punto está de costarle el cargo a uno de sus directores generales más cercanos. Marzà respondió a la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, la denunciante de la causa, alegando que «todo está bien» en su conselleria y pidió a los populares «que dejen de desgastar a Trenzano».

Marzà evitó así defender las ayudas que el Ejecutivo valenciano ha dado a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat y sus socios durante la legislatura del Botánico y respondió a la diputada popular que «lo que no estaba bien en las subvenciones del valenciano ya se envió a la fiscalía y se pidió que se reintegrara la ayuda, pero ninguna de esas empresas» era de las que habla la oposición.

Y es que en un caso, ya en los tribunales, que afecta directamente al Palau de la Generalitat por la relación de parentesco de los implicados con el jefe del Consell, Compromís está a punto de ver cómo la primera víctima es uno de sus altos cargos, a un paso del banquillo por un presunto delito de falsedad documental en las ayudas del valenciano a la empresa del hermano de Puig.

Ayer este asunto centró buena parte de la sesión de control al presidente durante el turno del grupo popular. A través de su portavoz adjunta, Eva Ortiz, el PPCV pidió explicaciones por el procesamiento de Trenzano. «Tienen ustedes un problema que se llama 300%. Una factura y tres subvenciones», dijo la parlamentaria, que pidió al Consell que aplique las líneas rojas que tenían sus integrantes en la oposición y destituya al responsable de las ayudas al valenciano, a un paso del banquillo. Respecto a la información desvelada por este diario sobre la composición fundacional de la empresa investigada, Comunicacions dels Ports, y la ayuda concedida justo un día después de que uno de los socios, el exdirector general de Turismo de la Generalitat, Josep Gisbert, fuera nombrado, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se erigió en abanderado de la causa y defendió que la mercantil fue casi un acto patriótico por el bien del municipio de la comarca de Els Ports. «La empresa se creó hace 32 años por 60 socios del pueblo de Morella. Un 8% de la población local, que quería tener una radio propia», dijo. Según Soler, la firma salió adelante porque en esa época «Morella estaba dejada de la mano de Dios». «Es un proyecto magnífico. Ojalá se hubiera hecho en más pueblos», defendió. Por su parte, la diputada popular recordó que en la actualidad hay ayudas de hasta siete consellerias en los juzgados, por un importe de 1,2 millones de euros, a empresas de «los hermanísimos». «¿Alguna subvención a los hermanos del presidente ha sido legal?», se preguntó Ortiz.

Antes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, había propuesto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una reorganización del gasto actual que la Generalitat destina a cargos públicos y al sector público y ha anunciado que su grupo presentará en los próximos días una proposición de ley para reducir un 50% el número de asesores y asesoras, revertir las tres subidas salariales a los miembros del Consell en los últimos años y la elaboración de una auditoría de los organismos creados por el Botánico. «Un asesor cobra más que un médico». Además, el PP ha propuesto blindar el gasto sanitario por ley para «que ningún gobierno pueda minorarlo». El presidente, por su parte, se felicitó de que ahora los populares defiendan la sanidad pública y ya no hablen de privatizarla, y adelantó que el Consell está estudiando compensaciones económicas para «los sanitarios que han dado la cara durante la pandemia».

Puig defendió además que la Comunitat está preparada para hacer frente a rebrotes del virus, de forma que se han autorizado 6.000 nuevas contrataciones, hay capacidad para efectuar 14.000 PCR al día, cuentan con material de protección para los próximos seis meses, y se va a adelantar la vacunación contra la gripe común. «Estamos lo más preparados posible y vamos intentar, contando con los profesionales, minimizar al máximo los posibles rebrotes que se puedan producir», indicó Puig.

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, le pidió que se «cuide» de sus socios que son «un verdadero lastre», porque «el socialismo empobrece, pero el nacionalismo y el comunismo de sus socios enfrenta a los ciudadanos y les condena a la miseria». Unas palabras de las que Compromís se quejó en privado porque el presidente evitó defenderlos.