El Consell recorta 66 millones de varios de sus proyectos estrella

En concreto, Hacienda reconoce que dada la existencia de disponibilidad existente en varias líneas de transferencias al sector público y de capítulo de gastos diversos no vinculados a compromisos pendientes y que no se iban a ejecutar, se propuso su supresión y cambio de destino para ampliar el dinero que el Consell destina a la renta de inclusión por algo más de 66 millones de euros. Un movimiento que recorta algunos de los proyectos estrella del Consell del año que acaba de terminar y que han visto, en algunos casos, suprimido todo el presupuestos que no habían sido capaces de gastar. Entre ellos, además del propio presupuesto para la fundación encargada de retener talento en la Comunitat, también sufre una mordida la partida para la Unidad Militar de Emergencias Valenciana, la UVE, que aminora su crédito en 7,5 millones. La unidad fue uno de los anuncios estrella de Puig en un debate de política general, y se quedará con 48 millones de los 56 comprometidos. La financiación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias también se ve recortada en 8,5 millones que no ha destinado a nada.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) también ha visto recortado su presupuesto para hasta tres partidas: el programa de digitalización a empresas, los prestamos a pymes y los bonificados para inversiones industriales. En total, el mordisco es de tres millones de euros. La compra de viviendas para la ampliación del parque público de la Generalitat se queda sin medio millón de euros y el fondo de financiación de promociones de vivienda nueva para arrendamiento se queda sin más de 1,8 milllones de euros de los 2,9 iniciales.

La peor parte se la llevan los préstamos del IVF y la dotación financiera a los proyectos de investigación de los investigadores de la Fundación VaIER, que pierden todo su presupuesto y se quedan a cero. En total, se suprimen partidas de hasta diez empresas públicas y fundaciones: Turismo Comunitat, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, LABORA, el Instituto Valenciano de Seguridad en le trabajo, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, el Instituto Valenciano de la Juventud, la Fundación Valenciana para la Investigación de Excelencia y el Instituto Valenciano de Finanzas.

Con los 66,4 millones de euros totales que el Consell recorta de varios de sus proyectos estrella ampliará el presupuesto de la Renta de Inclusión, cuyo crédito es ampliable.

Respecto a esta partida, ayer la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts y vicesecretaria de políticas sociales del PPCV, Elena Bastidas, denunció que «seguimos sin noticias más de dos años después de que se anunciara la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad Social y la Conselleria de Políticas Inclusivas para hacer compatibles las ayudas del Ingreso Mínimo y la Renta Valenciana y poder llegar a más familias en situación de vulnerabilidad».

Bastidas señaló en Les Corts que los responsables «llevan meses diciendo que se trata de una cuestión técnica, pero lo cierto es que hay una falta de voluntad por parte de las dos administraciones. En el caso de la Comunitat Valenciana, la falta de gestión y de interés del Consell de Puig sigue perjudicando gravemente a muchos valencianos cuyas condiciones de vida empeoran a pasos agigantados, mientras se deja pasar el tiempo».

La diputada recordó que la Comunitat «tiene un 30% de índice de pobreza y cerca del 40% de los menores de la región, hasta 337.000, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social», por lo que exigió a Puig que ponga en marcha con inmediatez un Plan de Choque contra la pobreza.