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El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica este jueves un acuerdo por el que autoriza una transferencia de créditos perteneciente al presupuesto de 2021 que asciende a 282 millones de euros. Un significativo movimiento de dinero que tiene su origen en el presupuesto de gasto de personal, capítulo I, que no se ha ejecutado. Y que da lugar a ampliaciones de crédito de otros capítulos que necesitan obligatoriamente esos fondos.
Llevar el dinero a partidas que lo necesitan, y que tienen que atender unos gastos, tiene toda la justificación. Que ese dinero salga del capítulo de gastos de personal, sin embargo, implica bien una sobrepresupuestación de esos gastos, bien que la Generalitat mantiene una serie de plazas vacantes, que presupuesta porque debería de cubrir, pero que mantiene sin convocar y sin dejar que el personal interino en bolsa de trabajo pueda acceder a ellas.
Y este segundo caso es el mayoritario. El acuerdo que publica el DOGV retrata las consellerias de las que se resta gasto de personal precisamente porque tienen plazas vacantes. Educación, con 102,7 millones, es el caso más destacado. Vicepresidencia y conselleria de Igualdad, con otros 41 millones, le sigue en volumen. Sanidad, con 37,5 millones, completa el podium de los tres departamentos a los que más gasto de personal obviamente no utilizado, se les recorta.
¿Y a qué obedece esta situación? Las fuentes del Consell consultadas por este diario aluden a las numerosas plazas vacantes con las que cuenta la administración autonómica. Plazas creadas y que se mantienen vacantes porque la dirección general de Presupuestos no autoriza su cobertura con a través de la bolsa para personal interino. Sin el visto bueno de ese departamento, se añade, las consellerias no tienen la capacidad para cubrir esas plazas, el dinero no se gasta, y Hacienda acaba dedicándolo a otras partidas.
La decisión provoca situaciones llamativas. Los 37,5 millones de euros de gastos de personal detraídos de la conselleria de Sanidad en 2021 suponen un número de plazas de personal sanitario que, en buena lógica, habría contribuido a mejorar la atención sanitaria de la administración autonómica en plena pandemia.
Con los 41 millones de la conselleria de Igualdad habría ocurrido otro tanto con las personas mayores, o con las dependientes, o en definitiva con todos aquellos ámbitos de acción de este departamento. Más aún con los 102 millones en Educación.
Y no es que esas consellerias no acaben recibiendo dinero. De esos 282 millones, 120 se dedicaron a costear la farmacia ambulatoria con receta correspondiente al mes de noviembre y que pertenece a la conselleria de Sanidad. Gasto realizado y que sí o sí hay que pagar. Otros 86,8 sirvieron para atender gasto de prestaciones por dependencia, y 46,8 millones para amortizar nuevas emisiones de deuda.
Pero esos gastos obligatorios no deberían de atenderse con el dinero de plazas de personal no creadas. Porque lo que ocurre es que «acabas cubriendo los desfases de otras partidas que legalmente no puedes dejar de pagar incluso cuando se acaba el crédito, como dependencia o pago de sentencias», se subraya.
Por detrás de Educación, Igualdad y Sanidad, el recorte en gastos de personal afecta a Justicia (30,5 millones), Agricultura (24,6 millones), Hacienda (15,9 millones) y Presidencia (8 millones). Las consellerias dirigidas por Compromís se ven sustancialmemte más afectadas (175 millones) que las del PSPV (poco más de 100 millones). El resto afecta a las consellerias de Unides Podem y al capítulo de Gastos Diversos.
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