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BURGUERA
Sábado, 21 de agosto 2021
Los remanentes de crédito son esas partidas de un presupuesto que no se gastan. Se quedan sin usar. El problema es si se detraen ... fondos de aquellas partidas presupuestarias que estaba previsto utilizar para incentivar la actividad a través de inversiones o subvenciones. La Cuenta General de 2020 indica que durante el año pasado se quedaron en el limbo casi 460 millones de euros de las cuentas de la Generalitat destinadas a transferencias corrientes (ayudas y subvenciones de todo tipo a empresas y personas) e inversiones reales. Esas partidas se quedaron en nada el año en que estalló la pandemia. Las cuentas de la Generalitat señalan que, de los 6.500 millones presupuestados para subvenciones e inversiones, el Consell no había pagado al finalizar el año 1.950 millones y otros 460 se han quedado sin utilizar. El mayor contratiempo no se genera por la ejecución tardía, un mal menor, sino con que el dinero no se use.
Esos cerca de 460 millones son un centenar menos que los 573 que se perdieron durante 2019, si bien ese año no se registró la misma necesidad acuciante de que el dinero público se moviese con eficiencia. No había Covid. El desarrollo presupuestario del año pasado se gestionó en mitad de una pandemia en la que cada euro público cobró una gran importancia. La actividad privada se anuló el segundo trimestre, entero, y el resto del ejercicio fue calamitoso.
De los 460 millones que se pierden en ayudas e inversiones, la mayor parte corresponde a Educación, más de 123 millones. Sin embargo, esa cantidad supone el 10% del total del presupuesto definitivo consignado para transferencias e inversiones de Educación. Esos 460 millones son el 7% de todo el montante del que disponían en esos capítulos las consellerias. Hay tres que destacan por el alto porcentaje de partidas perdidas. Vivienda (55%), Agricultura (24%), y Hacienda (18%). Este tipo de disfunciones del presupuesto se acrecientan al bajar al detalle.
Ejemplos. En el programa de reformas democráticas y acceso a la Justicia, de los 112.000 euros para inversiones no se consignó ni un euro. Cero, lo mismo que en Planificación, Transporte y Logística de la Conselleria de Obras Públicas, con 200.000 euros presupuestados: nada. O Energía (Conselleria de Economía), donde se destinaron 750.000 euros en el capítulo de inversiones reales, de los cuales sólo se consignaron finalmente 50.000 euros, que ni se han comprometido ni gastado en nada, a pesar de que la Generalitat ubicase en ese programa 2,5 millones de euros para gastos de personal. En Medio Natural y Evaluación Ambiental (Conselleria de Agricultura, con Mireia Mollà al frente), las inversiones reales eran inicialmente 23,6 millones, que finalmente se elevaron a 23,7, pero se comprometió gasto por 11 millones, de lo que se había pagado 6,8 millones a finales de año. Cambio climático y calidad ambiental contaba en 2020 con un programa específico en el que las inversiones reales eran inicialmente 1,7 millones, que finalmente se elevaron hasta los 2,6 millones, pero de los cuales se comprometió gasto por apenas un tercio de la partida, 980.000 euros, y algo similar pasó con las transferencias de capital, ya que de los 7,6 millones presupuestados se comprometieron 3,2 millones (el 42%) y no se había pagado ni un euro a final de año.
«La política de Puig de anuncios no va acompañada con hechos. Recorta ayudas y deja de ejecutar una gran cantidad de las mismas por ineficacia e incompetencia de su Consell. Se pagan el triple de nóminas que de ayudas. En el plano tecnológico, por ejemplo, Puig parece considerar que todo consiste en más personal al servicio de la Administración y menos ayudas para quien quiere desarrollar proyectos. Menos medios y más funcionarios, como en los años 70», señala Rubén Ibáñez, portavoz de Economía y Hacienda del PP en Les Corts.
Transición Ecológica fue más bien una transición fallida. En total (gastos de personal, de funcionamiento, ayudas, inversiones..'.) ese programa disponía de un presupuesto inicial que superaba los cuatro millones y se comprometieron 152.000 euros, y el 80% se gastó en nóminas.
En lo relativo a transferencias corrientes (ayudas y subvenciones), en Presidencia, para promoción institucional el gasto en personal se incrementó en el presupuesto definitivo en relación al inicial (un 15%, hasta 1,6 millones), mientras que de las ayudas se gastó apenas un tercio de los 135.000 euros asignados. En innovación tecnológica educativa (dependiente de Hacienda, en manos de Vicent Soler), estaba previsto invertir en subvenciones y ayudas 31,000 euros. Se utilizaron 2.000 euros. En esa misma conselleria, Hacienda, con las transferencias vinculadas a uno de los programas de modelo económico y actuaciones en el sector público ocurrió algo parecido: de los escasos 35.000 euros se comprometieron obligaciones sólo por 2.000 euros.
Si Obras públicas se quedó a cero en las inversiones de algún programa, lo mismo le sucedió (cero pagado y cero comprometido) con urbanismo, con casi medio millón de euros en subvenciones que se quedaron sin tocar, mientras que las inversiones reales, del millón y medio previsto se comprometió el gasto de apenas un tercio. En el caso de Educación, respecto a formación del profesorado no gastó ni un euro de los 200.000 previstos, mientras que en ordenación educativa, de los 7,6 millones se consignaron menos del 60%, por lo que se quedaron en el limbo (remanentes) más de tres millones. Ordenación y Mejora de la Producción Pesquera registra una significativa desviación. De 5 millones iniciales para subvenciones se pasa definitivamente a 5,3, si bien se comprometen 2,6 millones, y de los 1,7 millones presupuestados en inversiones se empleó el 15%.
La conselleria en manos de Podemos, Vivienda, con 310 millones de presupuesto, contaba para inversiones reales y subvenciones con 131 millones. A final del año pasado se habían pagado 42 (un tercio). Se comprometieron obligaciones por otros 17 millones. Y 72 millones se fueron al limbo, el 55%, la mayoría de los cuales (38 millones) corresponden a Emergencia Habitacional y Función Social. En Calidad y Rehabilitación, de las inversiones reales (20,5 millones) se comprometió gasto por un 14,3% (tres millones de euros). «Con esta gestión lamentable a nadie extrañará que la lista de espera de demandantes de una vivienda pública haya subido en 20.000 familias desde que Dalmau es conseller. En el primer trimestre de 2021 somos la autonomía con mayor número de desahucios. Y para eso necesita 20 altos cargos y asesores en la Conselleria y tres altos cargos en una empresa pública. Aún estamos esperando que llegue el Botànic a una ejecución presupuestaria del 25 %, en estos seis años no lo ha logrado. Es una necesidad para todos los valencianos que se vaya el conseller Martínez Dalmau», señala Alfredo Castellón, diputado del PP portavoz de Vivienda en Les Corts.
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