El Consell exigirá a las empresas de seguridad industrial un número de controles mínimo a sus clientes

La Dirección General de Seguridad Industrial valenciana está preparando un endurecimiento de las exigencias a las empresas que se encargan de la revisión y control de instalaciones en la Comunitat Valenciana para incrementar este tipo de actividades. La intención es aumentar el número de controles mínimos que se deben realizar por parte de las empresas a las instalaciones en las que se les contrata.

Desde el sector se reconoce que, por efecto de la crisis, se ha producido una reducción del gasto en este tipo de servicios por parte de las empresas y propietarios, y los cambios legales impuestos desde Bruselas para liberalizar el sector no han mejorado la situación. Aunque no se ha producido un incremento de las incidencias de seguridad, sí se alerta de que se corre el riesgo de relajar la vigilancia en prevención contra incendios, control de ascensores o en instalaciones de alta tensión en centros comerciales, por citar algunos ejemplos.

Así, desde la Generalitat se cita que hace un año se eliminó la exigencia a las empresas de ascensores de tener un número de plantilla en función de las instalaciones que deben controlar. Al ser una ley estatal la que establece esta flexibilización, las comunidades autónomas no pueden ir en contra de este aspecto, pero son varias las que plantean un nivel mínimo de exigencia para favorece indirectamente el refuerzo de plantillas o no perjudicar a las compañías que tienen su plantilla según la normativa anterior.

Además, la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez, recuerda que se ha pasado de reclamar la autorización de la Administración en los controles a la declaración responsable de los profesionales. Esto podría tener un efecto en la calidad del servicios de algunas compañías, pero ha llamado a los ciudadanos y empresas a que hagan seguimiento y alerten de posibles casos de falta de rigor. Ante la imposibilidad de incrementar la plantilla de inspecciones por las limitaciones presupuestarias, Martínez ha defendido estas alternativas que van desde aumentar la exigencia mínima de controles a una campaña informativa para que los usuarios tomen conciencia de su capacidad de ayudar en la vigilancia.