El Consell se encomienda al contrato por emergencia para ejecutar fondos europeos

Con los últimos compases de 2020, las administraciones hicieron públicos sus planes para encarar el año nuevo, administrativamente hablando, para poder afrontar con agilidad la llegada del salvavidas de Bruselas en forma de fondos europeos con los que se pagará buena parte de los proyectos de reconstrucción, después de la crisis del coronavirus. Sin embargo, no todos las administraciones se encaminan igual hacia la llegada del maná europeo con el que empezar a pagar las facturas de la pandemia.

El Gobierno central publicó el día 31 un decreto ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de un conglomerado de normas y modificaciones que permitirán al Ejecutivo reducir los plazos de contratación –y los controles correspondientes– para tratar de no perder ni un céntimo de los fondos de la Unión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez ha flexibilizado buena parte de los procedimientos para los acuerdos que correspondan al Estado. Sin embargo, según se detalla en el Boletín Oficial, respecto a las administraciones autonómicas, serán las comunidades y entidades locales las competentes para configurar sus respectivos procedimientos de tramitación de convenios, cuando proceda simplificarlos o agilizarlos. Es decir, el Gobierno central ha regulado sus procedimientos, pero deja en manos de comunidades y ayuntamientos mejorar sus propios textos legales para agilizar la ejecución de los fondos llegados de Europa.

Bajando al detalle de la Generalitat, el Gobierno valenciano se la ha jugado toda a una carta hasta la fecha. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) también el 31 de diciembre la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2021, la conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, con la que los Gobiernos modifican leyes y normas. Y en ella se da luz verde a una modificación de la Ley de contratos del sector público por la que todas las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción de la pandemia se pasan a considerar de emergencia a efectos administrativos. Es decir, esta nuevo cambio, ya en vigor desde el último día del año 2020, permitirá al Consell contratar por emergencia todo servicio o suministro que tenga que ver con la pandemia, incluida la reconstrucción. De este modo, el contrato de emergencia, que se puede adjudicar a dedo, de manera verbal y sin necesidad de expediente previo, se convertirá en el comodín del Ejecutivo valenciano para poder afrontar con agilidad la llegada de fondos europeos. Sin embargo, desde el Botánico reconocen que ya se necesita ir más allá, y que si la administración valenciana aún no ha publicado su propio decreto ley de agilización es porque esperaban el del Gobierno central para conocer el marco de actuaciones. En la actualidad, hay un grupo de trabajo residenciado en Presidencia, con personal de Abogacía, altos cargos y persona de contratación. Además, el Consell ha echado ya mano de varias contrataciones externas en servicios de asesoría, además de la creación de una comisión con altos cargos de varias consellerias que buscan ya cómo gastar el dinero que llegará de Europa. En este sentido, el Gobierno central ya ha creado una Conferencia Sectorial, liderada por la ministra de Hacienda, de la que deberán formar parte los titulares de las comunidades, y en la que se dará el ok a los acuerdos.