El Consell se encomienda a la patronal para aligerar su atasco de licencias

El plan Agiliza fue uno de los anuncios estrella del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la pasada legislatura. El atasco administrativo en las consellerias relacionadas con los tejidos productivos amenazaba con convertir la burocracia autonómica en un laberinto en el que empresarios y particulares daban vueltas sin encontrar salida. La idea del Consell, oídas las quejas de la patronal, que avisaba del atasco, era la de incentivar la actividad económica y reducir la burocracia que, en algunos casos, permitirá reducir hasta en más de un 30% el tiempo de tramitación para aumentar la inversión. Ahora, un año después, y tras el inicio del plan desde la Conselleria de Justicia, el Gobierno valenciano se encomendará a la patronal para aligerar el atasco administrativo que tiene en las licencias ambientales y urbanísticas.

El Consell tenía previsto aprobar hoy un convenio con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que preside Salvador Navarro, para mejorar la agilidad de la Administración en relación a las empresas. Sin embargo, la medida, que no supone coste económico para la Generalitat, fue retirada ayer del orden del día del pleno en la reunión de subsecretarios y secretarios autonómicos. En el convenio, la Administración se beneficiará de la experiencia de la patronal autonómica para «identificar las cargas administrativas» y la «formulación de mejoras y su difusión en el tejido empresarial de los resultados alcanzados». El empresariado debe facilitar la «homogeneización de la normativa y de los procedimientos» en el Gobierno autonómico para aumentar su competitividad empresarial. Para ello, se constituirá una comisión de seguimiento del convenio con representantes de casi todas las consellerias, y se elaborarán informes que se entregarán al Ejecutivo. La colaboración tendrá una vigencia inicial de dos años, a partir de la firma del convenio, que suscribirán, una vez sea aprobado por el pleno del Consell, el presidente Puig y Navarro.

Desde el anuncio del presidente de la Generalitat, el departamento encargado de poner en marcha el Plan Agiliza había sido la Conselleria de Justicia, donde también recaen las competencias en materia de Administración Pública y Modernización. El área que dirige Gabriela Bravo echó mano de la empresa pública Tragsa –dependiente del Gobierno central– y le encargó, vía encomienda de gestión, la elaboración y ejecución del plan para la agilización de los procedimientos de planeamiento de la Generalitat. El encargo, suscrito en noviembre del año pasado, ascendió a más de 733.000 euros, para que Tragsa, a través de su filial tecnológica, pudiera poner en marcha el Plan Agiliza en 2018 y 2019. El objetivo era desbloquear documentos en tramitación en distintos departamentos de la Generalitat y la reducción de los plazos de tramitación, que se alargan en muchos casos hasta más allá de los tres años.

La encomienda se completará ahora con la ayuda de la patronal, de quien el Consell ha tenido que echar mano para intentar resolver un problema que preocupa y mucho entre el empresariado y que el Ejecutivo no es capaz de resolver con medios propios. Las licencias urbanísticas, por ejemplo, se llegan a dilatar entre dos y tres año, por lo que la Generalitat pretendía reducir en más de un 30% el tiempo de tramitación de los expedientes. O, también, reducir a un solo trámite los informes sectoriales que afecten a más de una conselleria. Con la colaboración de la patronal, el Ejecutivo pretende aligerar la burocracia y aumentar las inversiones en la Comunitat.