El decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de julio prevé, en el apartado referido a la concesión de ayudas públicas, que en el caso de que éstas se concedan «por razón de un estado, situación o hecho imprevisible», ... las bases reguladoras podrán establecer que para su concesión «sólo sea necesaria una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar la subvención», con independencia del porcentaje de anticipo.
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La modificación legislativa amplía y flexibiliza este marco para adaptarse a la realidad de la gestión de emergencias. De hecho, la concesión de ayudas solo requiere una declaración responsable, siempre que no implique un pago anticipado superior al 30%, porcentaje que no se aplica en casos excepcionales de emergencias. Además, la nueva redacción, impulsada por el director general de Simplificación Administrativa Fran Ortega no exige, con carácter general, la aportación de documentación por parte de las personas beneficiarias, ya que el objetivo es favorecer la interoperabilidad entre administraciones públicas, reduciendo así las cargas administrativas sobre las personas.
Este apartado se encuentra en el origen de la velocidad de crucero con la que el Gobierno valenciano está disponiendo de los mecanismos necesarios para abonar con celeridad las ayudas aprobadas para los damnificados por la DANA que el 29 de octubre arrasó varias comarcas valencianas.
Tanto que el pleno extraordinario del Consell celebrado este miércoles ha aprobado una modificación del decreto de concesión directa de ayudas, precisamente para poder habilitar la consignación prevista a abonar en 2024, a la vista del ritmo de tramitación de las solicitudes de ayuda.
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Las cifras que maneja el Gobierno valenciano sitúan en el entorno de los 80 millones de euros las ayudas tramitadas y entregadas ya a los afectados por la riada. La previsión inicial con la que trabajaba el Consell situaba en 60 millones la cantidad que se habría entregado al finalizar 2024. Pero la realidad ha superado con creces esas previsiones.
Los mecanismos para la concesión de ayudas son ahora mucho más ágiles, incluso en una situación tan extraordinaria. Una agilidad que salió adelante en Les Corts gracias al voto de PP y Vox, y con el rechazo de PSPV y Compromís. Si hubiera sido por estas dos formaciones, el decreto ley no habría visto la luz y las subvenciones se estarían tramitando y abonando con la proverbial lentitud de la administración.
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De hecho, algo así es lo que ha venido ocurriendo con la concesión de ayudas por otros motivos extraordinarios, de hecho, por otra DANA, en el caso de la administración valenciana. El Botánico, sin ir más lejos, tuvo que hacer frente a los efectos que la DANA de septiembre de 2019 causó en el sur de la provincia de Alicante.
El Consell de Ximo Puig también aprobó ayudas por la pérdida de bienes de primera necesidad, a municipios por gastos extraordinarios consecuencia de la DANA, por destrucción o reparación de viviendas, e inversiones en infraestructuras y en agricultura. Pero la «lentitud» en la concesión de las ayudas fue muy superior, se asegura desde la administración autonómica.
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Pero la velocidad para abonar esas ayudas fue muy distinta. En general, esas ayudas se atendieron en los ejercicios posteriores, claro está. Pero, por ejemplo, casi la mitad de las referidas a estructuras agrarias, que ascendían a 50 millones de euros, las ha tenido que abonar el Consell de Carlos Mazón. Es decir, más de cuatro años después de la DANA de 2019.
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