El Consell exige más liquidez tras acumular 1.400 millones de gasto 'en los cajones'

Ximo Puig cifró este pasado domingo en 2.200 millones las necesidades de liquidez de la Comunitat Valenciana. El estado de alarma decretado por el gobierno y el endurecimiento de las medidas de confinamiento aprobadas este fin de semana amenazan el futuro de pymes y empresas de la Comunitat, y el Gobierno valenciano necesita tesorería para hacer frente a su deuda comercial.

Esos 2.200 millones saldrían, como explicó el propio Puig, de un adelanto del FLA extraordinario, así como de un anticipo del 50 % correspondiente a la financiación autonómica que «normalmente se abona en julio». «No podemos ser un problema económico, sino que hemos de ser parte de la solución, pero para ello hemos de poder pagar a los proveedores», remachó.

Varios indicadores retratan ese problema económico al que hacía referencia el jefe del Consell. Uno de ellos lo acaba de dibujar la Intervención de la Generalitat en la información remitida a Les Corts. La cuenta 413 refleja los 'acreedores por operaciones devengadas', es decir, recoge las obligaciones (presupuestarias) derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que «no se ha producido su aplicación a presupuesto». La cuantía, a fecha del pasado 28 de febrero, se situaba cerca de los 1.400 millones de euros en lo que coloquialmente se identifica como 'facturas en los cajones'.

Se trata, por tanto, de gastos realizados y no abonados, que deben cargarse al presupuesto. Compra de material, servicios prestados, farmacia, hospitales... toda una serie de facturas con proveedores que el Ejecutivo valenciano, mantenía hace un mes pendiente de pago. La cuenta 413 no hace referencia a gasto generado en el ejercicio en curso. De hecho, la parte principal de esos 1.400 millones, corresponde a gastos acumulados en 2019 y que seguían sin abonarse. En concreto, 827,7 millones de euros. El resto, los otros 566,5 millones, sí se han generado en los dos primeros meses del año.

Es decir, las peticiones de liquidez que realiza el Consell en los últimos días -2.200 millones el domingo, y entre 600 y 700 la semana pasada- no responden a los problemas generados por el Covid-19 y a que el Botánico requiere ayuda financiera específica para hacerles frente, sino que buscan responder a la delicada situación financiera de la administración autonómica, y que, eso sí, con un colapso financiero de esta magnitud cuando la crisis sanitaria no había alcanzado su momento álgido, tiene mucho más complicado atender a pymes y empresas. De ahí el «no podemos ser un problema económico, sino que hemos de ser parte de la solución», del presidente.

Por capítulos, Sanidad es precisamente el que acumula un mayor volumen de gasto pendiente de aplicar a presupuesto, y por lo tanto, de abonar. En concreto, 1.029 millones de euros. A esa cifra se le suman los 249 millones de la administración general y los 115 de servicios sociales.

Los 2.200 millones reclamados por Puig se producen a pesar de las inyecciones de liquidez que el ministerio de Hacienda ha venido realizando en los últimos días. Entre las dos últimas semanas el departamento que dirige María Jesús Montero ha activado hasta tres mecanismos distintos para mejorar la tesorería de las CCAA. Primero, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que supone la llegada de 223 millones de euros a la Comunitat -la mitad ya está en las arcas autonómicas y la otra mitad se recibirá la segunda quincena de abril. Después el fondo social extraordinario, del que le corresponden a la Comunitat 30 millones de euros. Y por último, el FLA correspondiente al segundo trimestre del año, y por el que la Comunitat recibirá 338,5 millones de euros. Es decir, la suma de todos estos fondos supera los 590 millones de euros. Y aún así, las necesidades de liquidez estimadas el domingo por el jefe del Consell se fueron hasta los 2.200 millones de euros.

La referencia a esta cifra llega no solo en plena crisis sanitaria y con empresas y pymes afectadas por el endurecimiento de las medidas de confinamiento. También se produce en vísperas de que la Intervención del Estado y el Banco de España hagan públicos algunos de los indicadores del colapso financiero en el que se encuentra el Consell.

En el primer caso, está previsto que hoy mismo se conozca el dato correspondiente al déficit acumulado por la Comunitat a lo largo de 2019 -y que podría situarse en el entorno de los 2.000 millones de euros-. Por otro lado, el Banco de España dará a conocer el nivel de deuda pública de la Comunitat al cierre del pasado ejercicio.