Estrenar muebles, sea en la oficina o en el hogar, siempre es motivo de alegría. Si además el dinero con el que se abonan no sale del bolsillo de uno, probablemente aún sea más satisfactorio. Pero si el dinero sale de una administración pública colapsada por las necesidades de liquidez, que paga con retraso a sus proveedores, y la tramitación de la compra se produce en pleno estado de alarma por el covid-19, la medida resulta más sorprendente.
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La tramitación de la contratación por 78.000 euros -precio de licitación- de nuevo mobiliario para la vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau, y que se suma a una adquisición previa de mobiliario para el mismo departamento por 30.000 euros, choca con anteriores decisiones adoptadas por el gobierno valenciano. Entre otras razones porque pese a atravesarse una situación financiera igual o más delicada, se opta por adquirir un material en lugar de reutilizar el que ya se dispone.
A principios de 2013, con Alberto Fabra como presidente de la Generalitat y una situación financiera de máxima gravedad, parecida a la actual, las primeras consellerias del Gobierno valenciano comenzaron a realizar su traslado al complejo administrativo 9 d'Octubre, los edificios de oficinas que ocupan parte de la antigua cárcel modelo de Valencia. Infraestructuras -situada hasta entonces en el viejo edificio de la Coput en la avenida Blasco Ibáñez, y Medio Ambiente, ubicada entonces en la calle de Francisco Cubells, en el barrio del Cabanyal– se reubicaron en las nuevas instalaciones tras un proceso de rehabilitación y adecuación que se prolongó desde abril de 2008. Isabel Bonig era la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
La decisión de trasladarse desde dos sedes distintas -la de Francisco Cubells no era propiedad de la administración autonómica (se pagaba un alquiler)- al 9 d'Octubre podía haber venido acompañada de la correspondiente adquisición de mobiliario. Pero no fue así. La conselleria decidió aprovechar todo el material, tanto el que utilizaban las encomiendas de Vaersa en Medio Ambiente como el de los despachos de la vieja Coput -que posteriormente se alquilaría a la Agencia Tributaria-. «Ni muebles viejos ni estanterías gastadas, no había excusas porque no había dinero», reconoce una fuente. El aprovechamiento de ese mobiliario lo confirmó ayer a este diario la propia Bonig.
Aquella decisión contrasta con la impulsada por el dirigente de Podemos. Máxime al disponer la administración autonómica de un almacén, ubicado en Ribarroja, en el que se dispone de material que podría haber sido utilizado. Fuentes de las conselleria de Hacienda aseguran que «han atendido peticiones» de la vicepresidencia segunda con muebles de la antigua Canal 9. Pese a ello, Dalmau ha decidido renovar el mobiliario.
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