m.hortelano
Martes, 24 de diciembre 2019, 00:11
Las oposiciones de À Punt podrían retrasarse más de la cuenta. El consejo rector de la radiotelevisión valenciana ya tiene encima de la mesa la valoración que la Comisión del diálogo social de la Generalitat ha elaborado sobre el la convocatoria de la oferta de empleo público de la Corporación Valenciana de Medios (CVMC) que debería dar el pistoletazo de salida a los exámenes para ganar una plaza en la radio y la tele públicas. Sin embargo, el baremo con que se iban a convocar esas oposiciones está ahora mismo en 'stand by'.
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El máximo órgano de decisión de la entidad pública acordó en una pasada reunión de su consejo aprobar el baremo condicionado a un posterior informe de sector público. Sin embargo, y tras haber recibido la comunicación de la Conselleria de Hacienda de las conclusiones de la Comisión del diálogo social, ha decidido solicitar dos informes más antes de dar luz verde o modificar las condiciones en las que se accederá a un puesto en la plantilla de À Punt. En concreto, y antes de tomar una decisión definitiva, los consejeros han pedido un informe interno sobre los parámetros que emplean o han empleado tanto otras televisiones autonómicas como otras comunidades a a la hora de realizar los exámenes y concursos de méritos para acceder a sus entidades. À Punt quiere poder rebatir que su proceso es correcto con datos de otras regiones o empresas públicas en los que también se haya valorado más positivamente la experiencia previa en entes públicos por encima de empresas del sector privado. O, al menos, poder corregir este criterio si el resto de oposiciones no contemplan el mismo escenario.
El segundo informe se ha encargado a la comisión negociadora entre la empresa y los sindicatos, para poder justificar los argumentos esgrimidos por la radiotelevisión valenciana a la hora de convocar sus pruebas de acceso. Para ambos informes no hay fecha límite de entrega.
La decisión de la dirección llega después de que la Conselleria de Hacienda haya remitido al consejo rector las conclusiones del acuerdo adoptado el pasado 9 de diciembre por la Comisión del diálogo social, y en la que se trataron las bases generales para la convocatoria de las oposiciones tanto en la sociedad como en la corporación. En concreto, Hacienda señala que se acordó informar favorablemente la consulta planteada por la entidad pública para que en la fase de oposición, todos los grupo, sean de la categoría que sean, deban superar dos exámenes eliminatorios antes de que se evalúen sus méritos. En este sentido, la Comisión está de acuerdo en que el acceso a todas las categorías laborales cuente con un doble filtro en forma de examen para cribar en una primera prueba perfiles y disminuir el tamaño de los test finales.
Sin embargo, en relación con la fase del concurso, en la que se valoran méritos como la experiencia, idiomas o formación, Hacienda traslada que la Comisión del diálogo social acordó "recomendar la revisión de la puntuación otorgada a la experiencia profesional, de forma que la valoración de los servicios prestados de la entidad no sea desproporcionada en comparación con la puntuación asignada por servicios prestados en puestos con iguales funciones en otras entidades públicas o privadas".
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La decisión de la Comisión, si bien no es vinculante, ha servido para que el consejo rector prefiera optar antes por revisar las condiciones que por aprobar el baremo en solitario y de manera unilateral.
En concreto, el acuerdo alcanzado por la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y los sindicatos CGT, CCOO y UGT valora la experiencia de los trabajadores de À Punt con una puntuación de 0,20 puntos por mes completo trabajado y con 0,15 a los extrabajadores de la extinta RTVV. La cifra, superior a la que se especifica para quienes hayan trabajado en otros medios audiovisuales privados provocaría que los opositores que hubieran estado en RTVV 16 años tendrían los 30 puntos máximos por experiencia, por los 25 años de experiencia que necesitarían los que hayan desempeñado el mismo puesto en empresas audiovisuales del sector privado. Ahora, el consejo rector esperará a tener las conclusiones de los informes para tomar una decisión definitiva.
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