Los hospitales de campaña que la Generalitat levantó para hacer frente a la pandemia tienen los días contados. El Consell ha redactado ya una propuesta para su desmontaje que, a falta del informe de la Abogacía de la Generalitat, permitirá desmontar, almacenar y habilitar para ... una posible nueva operatividad los tres hospitales de campaña de Alicante, Castellón y Valencia. Para ello, desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) proponen entregar el encargo a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, para que lleve a cabo las labores de desmontaje por 989.289 euros, IVA aparte. Así se desprende de la propuesta de encargo al medio propio Tragsa, por la que la Generalitat destinará más de un millón de euros en poner fin a las tres infraestructuras sanitarias que se tuvieron que levantar por emergencia en los primeros meses de la pandemia.
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La labor de Tragsa será la de apoyar a la AVSRE en las tareas de desmontaje, almacenamiento y habilitación en un futuro, si así se requiere. Para ello, deberá elaborar un proyecto de desmontaje y reconfiguración para un posible futuro uso, realizar la retirada de las instalaciones, su desmontaje clasificación, limpieza y desinfección de los hospitales, preparación de módulos de despliegue rápido y almacenamiento de los elementos desmontados durante un máximo de 12 meses. El Consell ha elegido a la empresa pública y no una licitación «por la trascendencia económica y complejidad técnica del proyecto».
El desmontaje, según el informe técnico, tendría un plazo máximo de cuatro meses y doce para su almacenaje temporal hasta su traslado definitivo a los almacenes que designe la Generalitat. En el desglose de precios, el hospital que más costará retirar es el de Valencia, con un importe de 338.761 euros, por los 301.143 del de Alicante, y los 226.230 de la infraestructura de Castellón. En total, 989.289 euros por la retirada de las carpas y los elementos de su interior.
El desmontaje se producirá tras meses prácticamente sin uso y de haber requerido una inversión cercana a los 16 millones de euros, prácticamente el doble de lo previsto. En el caso, por ejemplo de la infraestructura de Valencia, situada junto al hospital La Fe, el Ayuntamiento lanzó un ultimátum a la Conselleria de Sanidad en el que le advertía de que si en un plazo de dos meses no legaliza la infraestructura con las oportunas licencias procedería a su demolición. Un conflicto más entre el área de Urbanismo municipal, que dirige Sandra Gómez, y el departamento de la consellera Ana Barceló.
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Estas infraestructuras, especialmente la de Valencia, han ofrecido más sombras que luces durante los 18 meses que han prestado servicio. El hospital de campaña de La Fe apenas ha ingresado a una veintena de enfermos de Covid y desde el principio se cuestionó su idoneidad para alojar a pacientes con todas las garantías. Distintos episodios de lluvias y viento lo pusieron de manifiesto, por lo que ni siquiera en la atroz tercera ola, cuando se ocupaban cafeterías y capillas de hospitales para instalar camas, se posicionaron como una alternativa realmente viable. De hecho, el temporal registrado a principios de noviembre del año pasado destapó sus carencias. Áreas encharcadas, goteras y ordenadores inutilizados en estas instalaciones, en ese momento por estrenar, llevaron a la conselleria a reclamar un informe que aclarara lo sucedido. No se debieron adoptar demasiadas medidas porque apenas dos meses después, y tras ingresar a los primeros 26 pacientes, al día siguiente una veintena de ellos tuvieron que ser reubicados en las instalaciones de la vieja Fe de Campanar -el resto recibió el alta-, puesto que el viento y las bajas temperaturas imposibilitaba que los profesionales pudieran prestar una asistencia de calidad a los enfermos. Estos recursos sí se han utilizado para la realización de pruebas PCR y vacunar a profesores y miembros de los cuerpos de seguridad.
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