La directora general de Presupuestos de la conselleria de Hacienda, Eva Martínez, ha remitido un escrito a la dirección general de À Punt en el que insta a la televisión pública valenciana a «adecuar» la Oferta Pública de Empleo de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) para que no supere el límite establecido en la ley de creación de la televisión pública valenciana. Ese límite es de una tercera parte del total del presupuesto del canal autonómico. Y ha sido uno de los principales motivos de discrepancia con la administración autonómica de la dirección de la cadena durante la etapa de Empar Marco como directora general.
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El texto, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que a finales de 2017 la conselleria de Hacienda autorizó la contratación mediante contrato temporal de 452 puestos de trabajo correspondientes a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la entidad e informó de que esos puestos «debían de ser provistos con carácter definitivo» mediante Oferta Pública de Empleo en un plazo máximo de tres años.
«Dado que en 2020 finaliza el actual contrato programa -firmado entre la Generalitat y la propia televisión y que es el momento a partir del cual debe aplicarse ese límite de gasto-, esta dirección general de Presupuestos informa que se debe adecuar la OPE de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) al escenario presupuestario previsto» en la ley de creación de À Punt, y que es el que fija ese tope salarial de un tercio del presupuesto, se señala.
La advertencia de Hacienda retrata negro sobre blanco el que pasa por ser uno de los principales frentes abiertos para el equipo que ahora dirige Alfred Costa. La convocatoria de oposiciones para convertir en fijo el personal eventual que trabaja en la cadena choca con ese límite económico, en el sentido de que el coste del capítulo I (los gastos de personal) de la cadena superarían ese tercio del presupuesto si las oposiciones se convocan para toda la plantilla actual, es decir, esos 452 puestos de trabajo que se autorizaron en 2017.
El problema, asumido por Marco durante su etapa como directora general, está en el origen de las permanentes peticiones de más presupuesto por parte de la exresponsable de la cadena. Obviamente, disponer de más presupuesto para la televisión pública implicaba instantáneamente aumentar la cuantía de esa tercera parte que no debía de superar el capítulo de gasto de personal. Las negativas de los grupos parlamentarios -el PSPV se sumaba en este caso al rechazo de la oposición- cerró las puertas a ese incremento del presupuesto. Tras la petición de Marco, el interés por convertir en fijos al mayor número posible de empleados ahora eventuales de la casa, provenientes en su gran mayoría de la vieja Canal 9.
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El escrito de la dirección general de Presupuestos no sólo recuerda ese límite temporal de vigencia de la prórroga para aplicar un tope del tercio del presupuesto en el capítulo I. También lanza una advertencia. Subraya que la ley de prespuestos de la Generalitat de 2019 estableció que los «órganos competentes en materia de personal de las entidades que conforman su sector público instrumental serán responsables del cumplimiento de la normativa, con el fin de evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo». Y añade: «las actuaciones irregulares en esta materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades».
Es decir, la conselleria que dirige Vicent Soler advierte ya a la dirección de la cadena de las responsabilidades en que incurriría en el caso de que se prolongue ese periodo de temporalidad de los trabajadores de la cadena autonómica. Porque en ese caso, tendrían la puerta abierta a reclamar ante la autoridad laboral la conversión de sus contratos en indefinidos no fijos. Así lo establece la legislación en materia laboral que señala que transcurridos tres años de un contrato por obra o servicio, el trabajador pasará a ser fijo.
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Las prevenciones de Hacienda con este escenario no son pocas. La falta de complicidad con el equipo directivo de Marco provocó la extendida percepción en el departamento que dirige Soler de que la intención de la entinces directora general no era otra que la de dilatar plazos para acabar provocando esta situación. Con el relevo al frente de À Punt, Hacienda mantiene un moderado optimismo, aunque está aún a la espera de que Costa mueva ficha para saber si la dinámica es la misma o si asume que la convocatoria de oposiciones no podrá afectar a las más de 450 plazas actuales.
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