El Consell Jurídic echa por tierra la ley de residuos propuesta por el Botánico

La norma, impulsada por Podemos en Les Corts, había sido consensuada finalmente por todos los miembros del Botánico, no sin serias reservas por parte del PSPV, una resistencia que luego tuvo una segunda parte en el Consell, pues los socialistas en el Gobierno valenciano también le veían muchas pegas a la norma. De hecho, se decidió que la propuesta, a pesar de provenir de Les Corts, se remitiría al CJC, una consulta reservada a los textos legales generados por el Ejecutivo. Finalmente, se presentó la proposición de una ley con la que el Botánico establece el sistema de retorno de envases al menos para botellas de plástico, prohíbe cosas como la obsolescencia programada e incluso pretende que se ofrezca agua gratis en los bares. Sin embargo, mucho tendrá que trabajar adelante el tripartito si quiere que la norma salga adelante, a tenor del aluvión de reparos determinados desde el CJC. El órgano consultivo ha elaborado un informe en el que realiza una veintena de observaciones esenciales a la norma, así como decenas de rectificaciones puntuales a su articulado y sus disposiciones. Si una ley generalmente recibe una o dos observaciones de este tipo, a veces hasta media docena, es muy poco usual que los reparos se sucedan en el texto de manera tan numerosa y categórica.

El CJC advierte de que la propuesta carece de un estudio económico. El órgano consultivo señala que el alcance de la norma es muy notable en cuanto a los sectores afectados, fabricantes, comercios y usuarios, así como a diferentes ámbitos de la Administración, por lo que echa en falta un análisis económico desde diversas perspectivas. Por un lado destaca que la norma afecta a la unidad de mercado en términos productivos ante muy diversos asuntos, y que ese un marco competencial que excede del autonómico. Igualmente, alerta de que la norma establece obligaciones a las entidades locales (como por ejemplo la recogida de una serie de residuos) sin que eso vaya asociado a una financiación.

La proposición debería haber contado con una evaluación de su impacto económico, según el CJC, que demanda «un análisis de las posibles consecuencias de la norma en la estructura del mercado y en la conducta de los agentes afectados (consumidores, comercios, municipios y provincias, fabricantes, distribuidores, etc.)».

El órgano consultivo también señala como una observación esencial lo confuso del texto legal, así como la ambigüedad de algunos términos utilizados, lo que impide una aplicación correcta de la ley por permitir un abanico de interpretaciones demasiado amplio. «Debería de procederse a la clarificación o supresión de todos aquellos conceptos que resulten ambiguos, innecesarios o indefinidos», advierte el informe, que indica que en el caso de la 'obsolescencia programa' es un término que aún no está jurídicamente definido como para prohibirla.

El Jurídic establece, además, que la ley pretende ponerse en marcha de manera simultánea a otra normativa de similar ámbito pero en materia estatal. Esa simultaneidad provoca, según el CJC, muchas incertidumbres en cuanto a la posibilidad de que las dos normativas terminen contradiciéndose. En este sentido enumera un buen número de situaciones contradictorias, como la «venta en línea», la recogida de residuos o el establecimiento de un «canon de penalización» a nivel autonómico mientras que a nivel estatal se incorporan nuevos impuestos por materias similares a las recogidas por la propuesta. De esta manera, la propuesta vuelve a Les Corts tras confirmarse que el tripartito va a tener que darle una vuelta después de la veintena de revolcones que se ha llevado el texto por parte del Jurídic.