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m. hortelano
Jueves, 28 de mayo 2020, 23:15
Los empleados públicos de la Generalitat tampoco cobrarán estos días su nómina de mayo con el aumento de sueldo de un 2% pactado a principios de año. El Consell sigue dando largas a la subida en la nómina de sus funcionarios, después de que el pasado mes de enero, antes de que el coronavirus llegara a nuestro país, el Gobierno central aprobara un incremento pactado con el anterior Ejecutivo y que repercutía en las nóminas de 2,5 millones de funcionarios de la administración general, sanitarios, profesores y personal de justicia a nivel general.
La medida, que debía ser implantada por cada gobierno autonómico o empresa pública, quedó varada en un cajón en los despachos de la Generalitat, para priorizar los gastos generados por la pandemia. En aquel momento, el Consell aseguró a los sindicatos que los salarios se actualizarían al alza en abril, pero lo cierto es que con el final de mayo, la medida no parece que vaya a implementarse a corto plazo.
A día de hoy, según manejan los sindicatos, sólo hay tres comunidades que no han subido el sueldo a sus empleados públicos con los cinco primeros meses de año ya acabados: la Comunitat, Baleares y Extremadura. Ésta última, anunció el miércoles que no lo va a llevar a cabo porque se han quedado sin dinero por el coste extra que han tenido que asumir por el gasto sanitario para hacer frente a la pandemia.
En la Comunitat, los sindicatos se debaten entre la disyuntiva de reclamar la subida que por acuerdo les corresponde a los más empleados y empleadas públicos que prestan servicio en la Generalitat, conscientes, además, de que el personal funcionario ha hecho "un esfuerzo" en la lucha contra el covid-19. Sin embargo, en las organizaciones sindicales son conscientes de que el Consell se muestra poco receptivo en un momento como el actual y una reclamación demasiado sonora podría generar el efecto contrario en la opinión pública, en un momento en que las cifras de desempleo ascienden de manera meteórica. Desde Justicia aseguran que la consellera ha dicho siempre que se cobrará y con retroactividad, pero no hay fecha.
Los principales sindicatos aseguran que el Consell da largas y ni siquiera convoca la negociación para tratar el asunto. Es decir. Desde UGT enviaron esta misma semana una petición a las consellerias de Justicia y Hacienda en la que piden explicaciones a la Generalitat. "Es cierto que nos encontramos ante una situación complicada económicamente por la crisis del coronavirus; pero ésta también ha puesto de manifiesto el enorme valor de las empleadas y empleados públicos, en especial del personal adscrito a instituciones sanitarias y al resto de servicios esenciales, que han trabajado duramente, con gran esfuerzo, con escasos equipos de protección en muchas ocasiones, exponiéndose al contagio en primera línea de riesgo", piden. "La Generalitat debe abonar con carácter de inmediatez el citado incremento retributivo previsto para el presente ejercicio, y en caso de imposibilidad manifiesta de realizarlo por cuestiones extraordinarias de urgente necesidad, convoque la Mesa General de Negociación, para dar cuenta de dicha situación", lamentan desde UGT.
Una línea que sostiene Comisiones Obreras (CC OO) que, consciente de la dificultad del momento, pide que se cumpla con el compromiso adquirido y que supone el cobro de un derecho adquirido por los trabajadores públicos, muchos de los cuales han tenido una intensidad laboral muy acusada en los meses de pandemia. Además, Juan Cruz, responsable de la federación de servicios recuerda que en julio también hay pactado un incremento del 0,3% en la nómina.
Desde CSIF, su presidenta, Alicia Torres, considera que la Generalitat "está incumpliendo sus obligaciones y provocando una discriminación a los empleados públicos valencianos". Desde el sindicato aseguran que a pesar de que insisten desde ese mismo mes de enero , que simplemente palia la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos lustros, "el Consell se está negando por omisión". Torres recuerda, además, que la medida debe tener carácter retroactivo y pagarse desde enero, cuando entró en vigor la medida.
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