El Consell lleva al Gobierno ante los tribunales por su inacción en la Albufera

Durante la sesión de control al presidente en Les Corts, ha llegado el turno de Vox. El síndic voxista, José María Llanos, ha admitido que, si bien el pacto con el PP presenta un saludable estado de salud, ambos partidos tienen sus diferencias. No obstante, ambos trabajan juntos, ha señalado Llanos, y rechazan juntos asuntos como la «singularidad» catalana que el Gobierno central ha decidido poner sobre la mesa para que el socialista Illa pueda presidir el Govern con la ayuda del independentismo.

Noticia relacionada

Mazón aclara por fin que el PP apoya tramitar la ley de financiación de Compromís

Burguera

Mazón le ha dado la razón a Llanos y ha finalizado señalando que, además de mostrar su rechazo a la política de financiación del Gobierno central, PP y Vox también van de la mano en asuntos como la Albufera. Y en este sentido, el jefe del Consell ha anunciado que los plazos para que el Gobierno respondiese al requerimiento del Ejecutivo valenciano se han agotado sin que desde el Ministerio se haya hecho caso a ese requerimiento. Por todo ello, según ha anunciado mazón, el Consell va a acudir a los tribunales, «por el agua de la Albufera».

La falta de constestación por parte del Gobierno central, así como la inacción a la hora de que el Ministerio de Transición Ecológico active los mecanismos para que el lago reciba los recursos hídricos pactados, son las razones por las cuales el Consell acudirá a los tribunales.

Noticia relacionada

Mazón hace una encendida defensa de Catalá en la polémica sobre la bandera LGTBI

Burguera

El requerimiento previo recuerda que al no enviar estos caudales -en concreto, 18 de los 20 hectómetros previstos- se incumple el artículo 13 del anexo 11 Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar del real Decreto 35/2023, de 24 de enero aprobado por el Gobierno central. La presentación de requerimiento previo viene recogido por la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que configura este mecanismo como diligencia preliminar el requerimiento previo en los litigios entre Administraciones públicas.

Cuando hace dos meses se produjo la primera denuncia de esta situación por parte de Mazón, también en Les Corts, desde el Ministerio se le acusó de mentir. Sin embargo, el Consell ha mantenido que el lago no recibe el agua pactada. Hace una semana, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya advirtió de que se obordaría la posibilidad de acudir a los tribunales si el requerimiento no se atendía por parte del Gobierno, y finalmente así ha sido.