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El Botánico ensaya ya estos días los últimos pases de la función presupuestaria que cada año por estas fechas representa para el 31 de octubre, fecha límite para aprobar el proyecto de ley en el que se recogen las cuentas para el próximo año. En ... esa función cambian los actores, incluso se incluyen pequeñas modificaciones en los textos y giros de guión que pretenden entretener al público y marcar la diferencia para que quienes cada año acuden a la representación no piensen que la obra es exactamente la misma que el año anterior. Pero, al final, el resultado es siempre el mismo, a pesar de los cambios en el argumento.
Y en esas está el Consell estos días previos a la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2023. Ni hay acuerdo político a una semana de entrar en el Consell, ni se conocen las cifras definitivas, ni se cerrarán hasta la noche de antes, para evidenciar que todas las partes han peleado su porción del pastel hasta el final. Y con esa sensación salieron ayer los miembros de la comisión política que da forma a las cifras de lo que serán las últimas cuentas del Ejecutivo de la legislatura. Con el mismo patrón. Ni el PSPV quiere aumentar los ingresos a base de partidas ficticias como le piden los gastos de Compromís y Unidas Podemos, ni estos últimos quieren rebajar las cifras que llevan en su lista de la compra porque todo lo que han apuntado es imprescindible en pleno año electoral.
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Y ahí continúa la principal discrepancia, en que los ingresos no son suficientes para todo lo que las consellerias quieren gastar. Pero, las fuentes presentes en las negociaciones son optimistas y creen que hay margen. «Hemos avanzado algo, pero seguimos sin acuerdo. Nada fuera de lo normal», aseguraban ayer desde la comisión política. En ese órgano no se habló de impuestos, al menos ayer, pero esa será una de las partes fundamentales del presupuesto para 2023. Y, precisamente en ese proyecto de presupuestos es donde finalmente se regulará la nueva subida de impuestos que ya está ultimada. Y se hará ahí porque así lo habilita la disposición final primera de la ley de presupuestos, que permite que se modifiquen los tipos de gravamen, escalas, cuantías fijas, porcentajes y, en general, demás elementos cuantitativos regulados en la presente ley.
Y ahí es donde se regulará el aumento de tres impuestos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el de patrimonio y el de transmisiones patrimoniales que grava la compraventa de inmuebles. Aunque el aumento sólo afectará a las rentas más altas o a las que tienen un alto patrimonio (por encima de los 10,5 millones de euros e inmuebles por encima del millón de euros), la medida ha sido incluida a petición de Compromís y Unidas Podemos, que habían pedido compensar de algún modo los 150 millones menos que se van a recaudar por la bajada del IRPF a las rentas más bajas que se aprobará este lunes, con efecto retroactivo a todo 2022.
En realidad, esa subida de impuestos gustaba entre poco y nada en las filas socialistas. Puig no hizo mención alguna a ese escenario, consciente de que asociar su programa de gobierno al aumento de impuestos, mientras el PP insiste en bajarlos, le conducía directamente a la puerta de salida del Palau de la Generalitat. Eso sí, Compromís y Podemos obligaron a los socialistas a incorporar esa mención («y con más contribución de las rentas altas») en la propuesta de resolución debatida y aprobada en el mismo debate.
Desde las filas socialistas han transigido porque la propuesta de subida mantiene la vía de la progresividad que defienden y, sobre todo, porque no supone un gran aumento para las clases medias, sino para grandes patrimonios. Los cambios, aseguran, son de menor calado, para contentar a las partes y no enfadar a los empresarios.
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