El Consell de Mazón, el que más fácil lo tiene con Vox para aprobar el presupuesto

La dirección de Vox ha aprobado este lunes un documento en el que fija las condiciones que va a poner a los gobiernos autonómicos del PP para negociar la aprobación de los Presupuestos de 2025.

El partido de Abascal exige un rechazo «claro y explícito» a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Ejecutivo central, que incluya «planes efectivos de retorno» de estas personas, dentro del margen que permitan las competencias autonómicas, así como recuperar las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los gobiernos en coalición.

Vox abandonó los ejecutivos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura el pasado mes de julio después de que los gobiernos del PP aceptaran el reparto por comunidades de menores migrantes no acompañados en la Conferencia Sectorial de Infancia, un acuerdo que, no obstante, nunca se llevó a efecto porque estaba condicionado una reforma de la Ley de Extranjería que PP, Vox y Junts hicieron naufragar después en el Congreso.

Vox siempre ha avisado a los populares de que no podrían contar con ellos para aprobar Presupuestos si no rechazaban la política migratoria del Gobierno y este lunes, después de que el PP diera por rotas las negociaciones con el Ejecutivo central en esta materia, ha puesto negro sobre blanco sus condiciones en este sentido.

Tras una reunión de la dirección del partido con los portavoces de Vox en las distintas Cámaras autonómicas, el portavoz nacional de la formación José Antonio Fúster ha dado a conocer en rueda de prensa las líneas generales del documento que han pactado.

Fúster ha remarcado que Vox tiene «voluntad de negociar». «Vamos a negociar todo lo que, por supuesto, el PP quiera negociar», ha dicho, antes de exponer las premisas en las que los de Santiago Abascal quieren fijar esa negociación.

La primera condición es la reversión de las medidas de Vox «derogadas o congeladas» tras su salida de los gobiernos regionales, como las acordadas en materia lingüística en comunidades como Baleares o las destinadas a dejar sin efecto las conocidas como 'leyes de memoria'.

Además, Vox va a exigir un «rechazo explícito y claro» a las «políticas de asentamiento y reparto de ilegales» que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. En este contexto, demandan una «apuesta por planes efectivos, ordenados y completos de retorno», dentro de lo que permitan las competencias autonómicas. Esta debe ser, según Vox, la repuesta a la política migratoria del Gobierno con el objetivo de «contrarrestar el efecto llamada».

Preguntado sobre si Vox interpreta como un gesto de acercamiento a su formación que el PP haya roto las conversaciones con el Gobierno sobre este tema, Fúster ha indicado que la maniobra de los 'populares' «parece una estafa». «Parece que juega de nuevo a lo mismo, a hacer un gesto pero a ponerse de acuerdo con el PSOE como lleva haciendo toda la legislatura», ha dicho.

Además, ha dejado claro que «cualquier gesto con Vox» tiene que partir de «los presidentes autonómicos a los que 'Génova' forzó a la ruptura» y no por la dirección nacional del partido de Alberto Núñez Feijóo. «Yo en 'Génova' no confío, puedo confiar más en los presidentes autonómicos», ha abundado Fúster.

Vox ha concretado también los «ejes» sobre los que, si se cumplen esas premisas, deberían pilotar las negociaciones presupuestarias y ahí vuelven a hablar de inmigración. Así, proponen «promover la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales». También reclaman una «apuesta por la seguridad ciudadana», en especial con respuestas a la «ocupación y a los empadronamientos ilegales».

En el plano meramente económico piden «rebajas fiscales para todos» y no «para los de fuera» como, a su juicio, «propone el PP», así como medidas concretas en favor de la familia, fomentando la «natalidad y acceso a la vivienda».

Y a la vez exigen «avances significativos en la calidad de los servicios públicos», fijar «criterios de sostenibilidad y pervivencia del sistema» y recortar en «gastos superfluos», en particular en subvenciones a agentes sociales y en «chiringuitos ideológicos».

La «defensa del campo y el mundo rural frente a imposiciones verdes», la apuesta por la «calidad educativa» y la igualdad y la defensa de la unidad nacional también forman parte de las demandas de Vox para negociar con el PP. Según ha precisado Fúster, en cada comunidad se hablará teniendo en cuenta las «particularidades» de cada territorio y, a su juicio, la negociación será «más fácil en unas que en otras».

Desde su punto de vista, esta negociación podría ser más sencilla en la Comunitat Valenciana donde, según ha admitido se han producido «más gestos» que en otras por ejemplo con la aprobación de la Ley de Concordia. En el lado opuesto ha situado a Castilla y León acusando al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de haber renunciado a una norma que, según ha dicho, había redactado ambos partidos al alimón«.