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281 millones de euros, para una región asfixiada por la infrafinanciación como la Comunitat Valenciana, no son una broma. Pues el Botánico los ha dejado escapar.
Una sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer da la razón al Ejecutivo de Castilla y León y condena al Estado a pagarle 182 millones de euros por el IVA de 2017. La cifra corresponde exactamente al mismo concepto por el que el Gobierno valenciano reclamaba 281 millones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con un matiz: el Botánico renunció a la vía de los tribunales de justicia, pese a la invitación del PP en ese sentido. Y ahora no tiene ese dinero.
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La sentencia favorable a Castilla y León, difundida ayer por ese gobierno autonómica, es la primera que se produce en ese sentido. El IVA de 2017 es el corresponde a los dos últimos meses de ese año. Unos fondos que, a través de un ajuste de contabilidad nacional aprobado por el entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no llegaron a manos de las autonomías, que en su conjunto esperaban recibir algo más de 2.500 millones de euros. En 2019, ya con María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, el Gobierno socialista rechazó aportar esa cantidad correspondiente a la liquidación del impuesto. El Gobierno valenciano comenzó elevando el tono y exigiendo ese dinero. Pero una vez que el PP aportó la posibilidad de acudir a los tribunales, la reivindicación se frenó.
«Presentamos una iniciativa en Les Corts y el gobierno del Botànic dijo que no. El PPCV puso un recurso ante el Consejo de Ministros que fue desestimado por señalar que no teníamos legitimación al no ser Gobierno, y Puig, que sí podía hacerlo se calló, hizo dejación de funciones y se limitó a pedir a Hacienda medidas compensatorias», explicó ayer la presidenta del PP valenciano.
Castilla y León remarcó ayer, en relación con la sentencia, que se abre la puerta a que regiones en situación similar, como la valenciana, puedan presentar recurso. Desde la conselleria de Hacienda se aseguró ayer que se está estudiando la sentencia. En todo caso, se reclamó una «solución consensuada con todas las comunidades autónomas para solucionar este claro quebranto que provocó» el ministro de Hacienda del gobierno 'popular', Cristóbal Montoro.
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