El Consell obvia la ley de transparencia en las normas que dictamina el Jurídic

La transparencia fue una de las principales banderas con las que el Gobierno del Botánico llegó al Palau de la Generalitat en el verano de 2015. Después de dos décadas de Gobiernos populares, PSPV y Compromís anunciaron un giro de 180 grados en lo que se refería a la transparencia informativa y la implantación efectiva de códigos de buen gobierno y buenas prácticas. Todo ese envoltorio se ha puesto en cuestión a lo largo de estos dos años y medio de gestión. Más de una decena de sentencias judiciales en contra han venido a acreditar que toda esa disposición del actual Ejecutivo a abrir ventanas y a permitir que la oposición tuviera acceso a toda la información pública era más un discurso que una realidad.

La ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana se aprobó en abril de 2015 todavía bajo el Gobierno del PP presidido por Alberto Fabra.

En su artículo 9, el que explicita la difusión de la información, se señala en su apartado 2 -referido a la información de relevancia jurídica- que las administraciones públicas publicarán 'los anteproyectos de ley o proyectos de decretos legislativos cuando se recabe el dictamen de los órganos consultivos' así como 'los proyectos de reglamentos; si fuera preceptiva la solicitud de dictámenes a los órganos consultivos'. ¿Cómo? Esa información debe publicarse 'como mínimo, en sus páginas web, actualizada y estructurada'.

¿Ocurre así? Pues en un buen número de casos no. Un vistazo a la web del Consell Jurídic Consultiu (CJC) el órgano encargado precisamente de la elaboración de esos dictámenes, revela que un buen número de anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos o de reglamento que la entidad que preside Margarita Soler ya ha dictaminado, no aparecen en la página web en la que la Generalitat difunde este tipo de información, GVA Oberta.

El último dictamen aprobado por el CJC y publicado en su página web es el que hace referencia al proyecto de decreto que deroga la norma del Consell que estableció el modelo lingüístico educativo valenciano en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat. Se trata de una norma que es iniciativa de la conselleria de Educación. Pero en GVA Oberta, donde debería figurar el correspondiente expediente, no aparece dicha propuesta. Ocurre lo mismo con el decreto que aprueba la modificación parcial del Reglamento de la Administración electrónica de la Comunitat Valenciana. El departamento que dirige Vicent Soler no informa, en cambio, de la tramitación de esa norma, pese a que así lo exige la Ley de Transparencia.

Hay excepciones. El decreto del presidente por el que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para 2018 sí que aparece en la web de transparencia de la Generalitat, en el apartado correspondiente a los proyectos de reglamento. El que establece los coeficientes aplicables en 2018 al valor catastral a los efectos del ITP y AJD y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación, de la conselleria de Hacienda, sí que aparece en la web de Transparencia.

Pero son mayoría los que no, al menos en las últimas fechas. La orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a programas y proyectos educativos y de formación para estrategias de dinamización agroecológicas no aparece en la web de Transparencia. Tampoco la orden de ayudas en forma de bonificación de los costes financieros de operaciones de préstamo otorgadas por el IVF para la financiación de proyectos empresariales, ni las bases de las subvenciones dirigidas al desarrollo de Planes municipales de inclusión y cohesión social, del departamento de Mónica Oltra.

La orden que regula la concesión de subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, también del área de Oltra, tampoco disfruta de la Transparencia requerida.

La conselleria de Economía esconde la orden para la concesión de becas para la realización de prácticas profesionales. Y eso que el dictamen del CJC es del 21 de noviembre del año pasado. Tampoco deja ver la ley del Punto de Atención a la Inversión, ni el Decreto del Consejo Valenciano del Cooperativismo.