El Consell paga 945 millones fuera del presupuesto y 1.443 en servicios sin contrato

Déficit, deuda, infrafinanciación, patrimonio neto, subvenciones, contratos... El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2019, que el máximo responsable de esa institución, Vicent Cucarella, entregó ayer en Les Corts, retrata no sólo la asfixia financiera que atraviesa la Comunitat -con una deuda que roza los 50.000 millones de euros y un déficit anual por encima de los 2.000 millones-. También dibuja dudas sobre aspectos clave de la gestión pública, como los relacionados con las subvenciones o los contratos públicos que, unidos al implacable crecimiento del gasto público, suponen un varapalo para el Consell del Botánico. De hecho, para el Ejecutivo que preside Ximo Puig la única buena noticia del informe es que al presentarse en vísperas de Nochevieja pasará razonablemente desapercibido.

Pero el contenido del informe dibuja un escenario desolador. Un catálogo de cifras en negativo que, en el caso de tratarse de una mercantil y no de una administración pública, aconsejarían el cierre inmediato.

El informe detalla los gastos realizados sin cobertura presupuestaria, y los cifra en 945 millones -fueron 803 millones en el ejercicio inmediatamente anterior-. Eleva a 1.443 millones los abonados mediante expediente de enriquecimiento injusto -aquel con el que la administración abona un servicio que ya se le ha prestado y para el que no se convoca el procedimiento administrativo ordinario para su contratación y adjudicación-, frente a los 1.422 del ejercicio anterior.

El patrimonio neto -el equivalente a la valoración total de una empresa descontadas sus deudas- es negativo por 34.814 millones (fueron 30.096 millones en 2018). Y la deuda financiera, la que retrata el Banco de España, bordea los 50.000 millones, frente a los 46.782 del ejercicio anterior.

Que todos los indicadores resalten una situación objetivamente peor que la del año anterior podría llevar a la conclusión de que el Ejecutivo debería optar por recortar gasto antes que por una política expansiva. En 2019 al menos no fue así. El órgano fiscalizador sitúa en el 8,4% el incremento del gasto real de la administración autonómica. Un dato que va en la línea de lo ocurrido en los tres últimos ejercicios, y que contrasta con el primer año de gestión íntegra del Botánico, 2016, en el que se registró un descenso del gasto real. Desde entonces, 6,7% más en 2017, 3,4% en 2018 y este 8,4% en 2019, que suman, en conjunto, un aumento del gasto de superior a los 2.700 millones de euros. El gasto, si viene acompañado de un aumento de ingresos, puede no ser un problema. Pero, en este caso, los de 2019 son aproximadamente la mitad que el aumento de los gastos -un 4,5%- y obedecen, como remarca la Sindicatura, «al incremento de los ingresos por tributos cedidos». Es decir, al aumento de la presión fiscal.

Además, anota que existen gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades para la Generalitat -motivo por el que considera que debían provisionarse otros 251 millones de euros-.

Sindicatura remarca que las obligaciones no reconocidas en Sanidad -gasto realizado y trasladado a ejercicios posteriores- se mantienen estables, aunque con tendencia al alza, por encima de los 700 millones. De hecho, tras una caída de esta cifra hasta los 599 millones en 2015 -un ejercicio a caballo entre la gestión del PP y la del Botánico-, los datos de este tipo de gastos se han venido incrementando de forma sostenida año a año.

El órgano fiscalizador reivindica la reforma del sistema de financiación así como «medidas de resarcimiento» por la infrafinanciación de más de una década.