El Consell pone en cuarentena su hoja de ruta

De poco sirve planificar el calendario de gestión de una legislatura si en el primer año de gobierno llegan dos gotas frías, inundaciones y una pandemia que acaban por dejar en papel mojado los planes y el presupuesto que se va a dedicar a cada uno de ellos a lo largo de un ejercicio. El Botánico ha perdido ya la perspectiva de su hoja de ruta inicial, que recompone estos días a golpe de Diario Oficial de la Generalitat, del que salen a diario trozos que recompondrán el nuevo puzzle de la coalición.

El Botánico tiene estos días encima de la mesa una calculadora para comenzar a hacer las nuevas cuentas que regirán el rumbo de aquí a final de año. Aunque esta semana han recibido una buena noticia con el pellizco que llega del fondo no reembolsable del Gobierno central, otros ingresos caen estos meses por la falta de actividad económica, mientras los gastos no sólo no menguan, sino que se siguen disparando para poder combatir la pandemia.

Así que en el Consell han tenido que echar mano de la tijera de punta redonda para ir traspasando fondos de unos proyectos a otros y deberán hacerlo de las más afiladas para tener que renunciar a lo que parecían prioridades que verán cómo el retraso acaba prorrogándose hasta nuevo aviso. Y es que con el cinturón ajustado, algunos de los proyectos santo y seña del Botánico se han ralentizado.

Desde el ritmo que había cogido la eliminación de los barracones, a la reversión de las concesiones sanitarias o de las ITV. Pero también leyes como la de la Función Pública, que tuvo un largo trámite en el seno del Consell por las discrepancias entre socios y que ahora ha visto retrasada su tramitación parlamentaria.

Uno de los ejes principales de la pandemia, el transporte público, también se ha visto seriamente afectado. La lentitud del Consell para desarrollar su autoridad metropolitana ha perjudicado a Valencia en el reparto de ayudas. Por contra, las del fondo no reembolsable han beneficiado a la Comunitat, pero la reforma del sistema de financiación, vuelve a estar aplazada sine die.

La hoja de ruta de las reversiones sanitarias que el Consell puso en marcha la pasada legislatura con el Hospital de La Ribera ha vivido un parón en las próximas citas. Para la tantas veces anticipada reversión del Hospital de Dénia no parece haber fecha y en Sanidad ahora todos los esfuerzos y recursos están dedicados a la luchas contra el coronavirus. Respecto a la tan prometida vuelta total al sistema público de salud del centro de Torrevieja, que finaliza contrato, el Consell simplemente deberá dejar expirar el acuerdo, que cumple en 2021. Además, en un cajón está también la reversión de las resonancias, y la creación de una mercantil para subrogar a los trabajadores. Y es que en Sanidad parece no haber prisa para atajar ahora estas cuestiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez había mostrado incluso su disposición a abordar las negociaciones con las CCAA a pesar del calendario electoral -gallegas, vascas y muy probablemente catalanas-. No iba a ser fácil, como nunca lo es el acuerdo sobre el reparto de los fondos públicos, pero el ministerio de Hacienda contemplaba incluso reducir la parte de la financiación que le corresponde a la Administración del Estado para ampliar la de las autonomías. Debía ser el año de poner fin a esa prórroga de un modelo, el aprobado en 2009, que lleva prorrogado desde el 1 de enero de 2014. Once años sin aprobar un nuevo sistema de reparto de fondos, que en este 2020 debía recibir quizá el empujón definitivo. A la expectativa, un Consell, el del Botánico, con pocas reivindicaciones más en común entre sus socios que la de reivindicar un nuevo modelo de financiación. Y una Generalitat al borde del colapso, echando mano del FLA hasta para pagar las nóminas.

Todo ese castillo de naipes saltó por los aires con el estado de alarma. La reforma de la financiación no ha tenido avances, el calendario electoral se ha retrasado y los contactos entre los partidos para avanzar en un acuerdo no se han producido. No hay reforma a la vista y, lo que es peor, tampoco hay fecha para abordar ese debate.

El transporte público se ha convertido en unos de los vectores más importantes de la crisis. Con las nuevas medidas de seguridad, las alternativas a la movilidad colectiva se acentúan, pero también afloran las carencias en el escaso desarrollo de una autoridad metropolitana. Los cambios de uso van a ser críticos y sin un impulso a estas políticas amenazan al Consell con posponer el desarrollo de sus políticas de movilidad, como ya ha quedado patente al quedarse fuera de las ayudas del Gobierno.

El actual Consell demostró la pasada legislatura su espíritu viajero, con más de 1.500 desplazamientos a más de 40 países. La agenda internacional del Consell, repleta de misiones comerciales, está actualmente cancelada. Evidentemente, durante la pandemia, no se produjo ningún desplazamiento, pero en los próximos meses no hay viajes previstos a ferias, congresos o misiones. La última, la del presidente, junto a dos consellers y los empresarios, a Marruecos, no volverá a repetirse en meses.

La eliminación de todos los barracones de los centros educativos tendrá que esperar un tiempo más. La pandemia también ha afectado los plazos de ejecución de uno de los planes estrella del Consell para poner fin a la temporalidad de las aulas de centenares de colegios e institutos. Esta misma semana, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó una modificación presupuestaria de más de 6 millones de euros que se aminoraban de la partida de Edificant y se traspasaban a la del programa Mulan, para mejorar la educación telemática, la herramienta utilizada durante la crisis sanitaria. Aún así, la Conselleria de Educación anunció esta semana que estaba a punto de firmar con 23 ayuntamientos la delegación de competencias de nuevas actuaciones para la mejora, rehabilitación, ampliación o nueva construcción de 31 centros educativos públicos. La Conselleria tenía como objetivo total finalizar las aulas de 591 centros educativos de 235 municipios, pero aún tarará en completarlo.

Justo cuando parecía que la Ley de la Función Pública había conseguido salir del cajón en el que llevaba metida casi una legislatura, la crisis sanitaria puso en interrupción su tramitación parlamentaria. El Consell dio luz verde al anteproyecto de ley semanas antes de que se declarara la pandemia, tras años de tiranteces a cuenta del requisito lingüístico. De hecho, la semana antes de aprobarse, Justicia la retiró de la mesa antes de entrar al pleno del Consell por desavenencias con la Conselleria de Educación, donde residen la competencias de Política Lingüística. Cuando por fin se solventaron, la ley tenía que comenzar su recorrido parlamentario por Les Corts, pero el estado de alarma suspendió la actividad en la Cámara, donde le espera un largo periplo legislativo. Ahora es necesaria la comparecencia de expertos, sindicatos y agentes sociales para enriquecer el texto, pero de momento no hay fecha para su debate en comisión tras el parón del coronavirus. La ley parece estar gafada.

En enero arrancó la cuenta atrás para revertir a la gestión pública la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana a partir de 2023, cuando expire la concesión actual, como prometieron los socios del Botánico de cara a su segunda legislatura en el poder. Para preparar ese complejo proceso, desde la Conselleria de Economía ya preguntaron a las empresas que prestan el servicio de ITV qué plantillas tienen y cuánto cobran. La Conselleria pidió entonces ayuda externa mediante un informe sobre las actuaciones a realizar, cronología y coste económico previsto para la reversión a la Administración del servicio público de ITV que debía dar conclusiones a partir de marzo. Se llegó incluso a hablar de una nueva empresa pública. Pero con el coronavirus el proyecto se quedó en barbecho.