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La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la presentación del informe de Función Pública gva

El Consell agiliza las oposiciones para renovar al 40% de sus funcionarios

Bravo propone remunerar a una parte de los opositores y exámenes con menos memorística para regenerar el acceso a la Administración

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 20 de enero 2022, 17:26

La Generalitat Valenciana vive su particular ensanchamiento de la cúspide de la pirámide demográfica en lo que a la función pública se refiere. Las cifras son elocuentes. De los casi 19.000 empleados públicos que trabajan para la Administración, sólo 976 tienen menos de 30 ... años. Una base raquítica de la organización que plantea serios problemas de regeneración en una plantilla que, además, sufre las estrechuras de las leyes de estabilidad presupuestaria. Y es que más de un 40% de ese personal se jubilará en esta década. En total, la Conselleria de Justicia y Administración Pública espera la salida de más de 6.900 empleados. 7.382 si le añadimos el personal laboral y si tenemos en cuenta los 65 como edad de retirada. Así que la Generalitat ha comenzado ya a rearmarse de cara a lo que será su gran proceso de jubilación.

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Para ello, Justicia ha elaborado un informe con medidas para la innovación en los procesos de selección de los empleados públicos que ha elaborado un grupo de expertos y que este jueves ha sido presentado por la conselllera del ramo, Gabriela Bravo. El Consell propone reformar sus oposiciones para restar peso a las pruebas memorísticas e incluir una fase práctica, eliminatoria y remunerada, con el objetivo de facilitar la renovación de su cuerpo de funcionarios. Además, la Generalitat exigirá a sus opositores que acrediten el nivel adecuado de competencias digitales para sus respectivos puestos y evitar así problemas como los que señalaba la Inspección General de Servicio en su último informe. Función Pública tiene también previsto agilizar el proceso mediante la creación de una aplicación en la que cada aspirante, a tenor de los criterios de formación, carrera profesional o competencias lingüísticas, pueda saber a qué procesos puede concurrir porque cumple los requisitos necesarios. Todo el proceso de inscripción se podrá hacer de manera telemática, para evitar desplazamientos innecesarios a los registros públicos a todos aquellos que necesiten darse de alta.

Pero, ¿qué radiografía arroja el informe como punto de partida? La Generalitat cuenta con una plantilla envejecida, en la que no ha habido suficiente renovación para poder asegurar el buen funcionamiento de los servicios si no se convocan procesos de oposición de manera recurrente. El grupo mayoritario es el de mayores de 54 años, que cuenta con 8.965 empleados. Lo siguen los de entre 42 y 53, con 6.676 funcionarios, mientras que de 30 a 41 apenas hay 2.355 personas y de menos de 30, sólo 976. Por sexos, más dos tercios (el 67,58%) son mujeres y por titulación, más de un 60% pertenece a grupos que no requieren niveles de titulación universitaria.

Según la proyección de jubilaciones, a partir de 2025 se producirán las cifras más críticas de salidas, con más una media de 800 jubilaciones po año. Este 2022, por ejemplo, está previsto que se despidan de su vida laboral en la Generalitat 504 personas. Los auxiliares y los administrativos (los C1 y los C2) serán los cuerpos con más bajas (más de 3.500), mientras que de los de mayor cualificación saldrán más de 1.300 funcionarios. De ahí que sea tan importante renovar los procesos de entrada a la Administración, con una mejora en las condiciones de los exámenes de las oposiciones.

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Y es que en este contexto social y demográfico de transformación se exige que la Administración adopte estrategias, «que permitan identificar sus necesidades a medio y largo plazo en relación con sus plantillas. Tal necesidad es aún más acuciante hoy ya que los poderes públicos son los agentes más capacitados para liderar la recuperación económica y social tras la pandemia», dijo ayer Bravo. Y es que de acuerdo con la propuesta, la primera fase del sistema consiste en una prueba teórica en la que se evalúan los conocimientos y las capacidades analíticas de los candidatos, habitualmente a través de un examen tipo test, pero en el que las preguntas se circunscribirán a las competencias que requiere el puesto, por lo que, si bien no llevan aparejadas un temario muy extenso, «sí que exigen demostrar capacidades de reflexión, de inteligencia lógica y de resolución de problemas». La superación de esta primera etapa dará acceso a una fase de desempeño práctico dentro de la organización de la administración, en la que a los candidatos se les asignará un tutor que les prestará apoyo, al tiempo que evaluará su desempeño en diferentes departamentos.

Al terminar esta segunda fase, que llevará aparejada una retribución económica para los candidatos, se realizará un nuevo cribado, de forma que accederán definitivamente al cuerpo funcionarial «quienes hayan demostrado mejores capacidades para el desarrollo de las labores propias del puesto a ocupar». Quienes no superen la segunda fase tendrán prioridad en las bolsas de empleo vinculadas al proceso selectivo. Asimismo, la superación de la primera etapa se les podrá reconocer como mérito en posteriores procesos.

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La limitación de los plazos para agilizar los trámites a través de la Regla de los Diez Días, es decir, 10 días para la presentación de solicitudes, 10 días para la publicación de la lista provisional, 10 días para la subsanación y 10 días para la publicación de la lista definitiva de candidatos admitidos. Además, contempla habilitar la posibilidad de realizar varias pruebas sucesivas en el mismo día ya que, en la actualidad, los tiempos se dilatan, en parte, por el periodo que transcurre entre exámenes. Esta circunstancia se anunciará en la convocatoria. Para aquellos casos en los que esta medida no sea aplicable (por ejemplo, cuando las pruebas son demasiado largas para que se realicen el mismo día), se fijará un plazo máximo entre prueba y prueba.

La consellera de Justicia ha defendido este jueves defendió la necesidad de realizar campañas informativas entre los jóvenes para que sepan cómo pueden acceder al empleo público, qué carrera profesional se puede desarrollar y las ayudas que ofrece la Generalitat para aquellos que quieran preparar oposiciones. Este informe «será el punto de partida para que la Administración valenciana cuente con una plantilla que responda a los estándares de excelencia que redundaran en una mejor calidad de los servicios públicos valencianos», explicó Bravo.

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