El Consell crea doce nuevos entes públicos pese a la promesa de cerrarlos

El inventario de entes dependientes de la Administración autonómica valenciana comprendía, a 1 de enero de 2010, más de un centenar de entes públicos. Se trata de la primera afirmación del informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Comptes sobre el proceso de reestructuración del sector público valenciano (2010-2016), ya conocido. Todo un retrato de la incontrolable proliferación de organismos y sociedades públicas dependientes de la administración autonómica que, en la primera década del actual siglo, se multiplicaron de forma geométrica.

La multiplicación de organismos autónomos, muy por encima de los parámetros de la media de las CC AA, derivó, con la llegada de la crisis económica y el progresivo deterioro de la imagen de la clase política, en la necesidad inexcusable de abordar un proceso de recorte de un sector público cuya falta de transparencia y control derivaban en una fuente permanente de polémica. Chiringuitos, como los bautizaron entonces PSPV y Compromís desde la oposición, que servían de coladero para prácticas nada claras -Ciegsa, Proyectos Temáticos, Canal 9, Ivex... entre otros-, rendían pocas o ninguna cuenta de su actividad o de sus gastos, y permitían incrementar la nómina de personal afín con un sueldo público.

El Consell presidido por Alberto Fabra aprobó la puesta en marcha de un proceso de reestructuración del sector público valenciano que se llevó a cabo mediante un conjunto de disposiciones aglutinadas en acuerdos y decretos del Consell y en normas con rango de ley. Los más destacados, el decreto Ley 7/2012 y su posterior Ley 1/2013, que impulsaron la baja efectiva de 21 entes del medio centenar que desaparecieron la pasada legislatura.

En 2015, con la llegada de Ximo Puig al Palau de la Generalitat, la administración autonómica disponía de unas sesenta empresas públicas, entre organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios. Casi una decena de ellas se encontraban en fase de extinción, toda vez que el Gobierno de Fabra había puesto en marcha el proceso para su liquidación pero aún no lo había finalizado.

Casi cuatro años después, el balance del Ejecutivo formado por PSPV y Compromís revela que el ajuste y reestructuración del sector público no sólo no ha continuado -siquiera como dejó trazado el anterior Gobierno-, sino que se ha detenido. Y los entes públicos han vuelto a incrementarse. Los chiringuitos, en terminología popularizada por la izquierda, han dejado de demonizarse a lo largo de la legislatura para convertirse en lo que se conoce ahora como entidades del sector público instrumental de la Generalitat. Y claro está, han vuelto a ocupar un espacio cada vez mayor. Una posición política muy en línea con los acuerdos impulsados por el Consell en la recta final del pasado ejercicio presupuestario y dirigidos a incrementar el espacio público, incluso con la recuperación de empleados que prestaran su labor en las concesiones rescatadas.

Ciegsa y Proyectos Temáticos son dos ejemplos del cambio de posición del actual Ejecutivo. En ambos casos, el Consell decidió la pasada legislatura poner fecha a su liquidación. Las dos han estado vinculadas a denuncias por casos de corrupción y a polémicas por el elevado personal que prestaba su labor en ellas. Y las dos continúan a día de hoy prestando su labor. En el primer caso, la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2018 amplió la fecha límite para ese proceso hasta el 31 de diciembre de 2020. En cuanto a Proyectos Temáticos, estaba prevista la extinción de la empresa en el artículo 31 de la Ley 1/2013. Sin embargo, mediante el artículo 100 de la Ley 5/2013 se dispuso que «se procederá» a su extinción. Posteriormente, la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, se derogó ese artículo. «En la actualidad no existe un mandado legal de extinción de esta empresa», recordaba la Sindicatura.

De los entes en proceso de extinción a fecha de 31 de diciembre de 2018 -sobre los que se ha tomado la decisión política de su liquidación-, casi la mitad de ellos se impulsaron durante la pasada legislatura. Así ocurre con la Ciudad de la Luz, la Fundación de Las Artes, la Fundación Ciudad de la Luz, la de la Luz de las Imágenes y la del Servef. Al actual Gobierno valenciano cabe atribuirle el cierre del Ente Público RTVV, SAU, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Investigación Agroalimentaria Agroalimed, la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana, la Jaume II El Just y la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide).

En contraste, la legislatura ha visto la puesta en marcha de una docena de nuevos entes públicos: la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Agencia Valenciana de la Innovación, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la S.A de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, el Centro Especial Empleo del IVASS, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, la Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, el de la Memoria Democrática y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Con todo, la disquisición numérica respecto a si se han creado o si se han extinguido más entes públicos esta legislatura -aunque se decanta a favor de la primera- resulta menos trascendente que la apuesta política que denota. Tanto PSPV como Compromís llegaron al Palau de la Generalitat con el compromiso de avanzar en la reestructuración del sector público, con el cierre de organismos y empresas de discutible utilidad. Se recurrió al argumento del enchufismo -Compromís impulsó incluso la campaña 'desenxufals'- y de la falta de transparencia. Se reduciría el número de empresas y entes públicos, se construiría un sector público más ágil, ajustado a la prestación de servicios públicos... todo ese planteamiento ha quedado en teoría.

La práctica ha evidenciado que Presidencia de la Generalitat ha puesto en marcha hasta seis nuevos entes públicos -aunque dos aún no están activos-, y que, en cambio, no se define a impulsar un nuevo marco normativo que acabe con la proliferación sin ningún tipo de control de este tipo de sociedades.

Sobre la mesa, la necesidad de simplificar las distintas variantes legales a las que pueden acogerse este tipo de entes -organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios-. En última instancia, la clarificación y el endurecimiento de las condiciones para la puesta en marcha de entes públicos. El objetivo es noble, pero la norma sigue sin aprobarse, y mientras tanto el número de entes públicos ha seguido creciendo.

Entre las razones para poner control en el sector público, la referencia a la situación financiera es otra de las más significativas. La falta de transparencia en este tipo de firmas provoca situaciones tan aparentemente inexplicables como que responsables de la conselleria de Hacienda se declaren incapaces de poder concretar con exactitud el número de trabajadores que suma todo el sector público de la Generalitat.

Y es precisamente en este apartado en el que las fuentes consultadas por este diario consideran que se hace más patente que el Ejecutivo que comparten los socialistas con Compromís ha decidido obviar el objetivo marcado durante la pasada legislatura e iniciar uno propio que, de hecho, no es diferente del que impulsaron los populares valencianos en las legislaturas previas a la última crisis económica. Con el matiz, eso sí, que las perspectivas financieras actuales vuelven a ser complicadas.