El Consell baraja reducir la plantilla de À Punt por exceso de gasto

El nuevo director de la radiotelevisión pública valenciana, Alfred Costa, dio la pista en su debut parlamentario ante la comisión que validó su candidatura. La oferta de empleo público que dará forma definitiva a la plantilla de la cadena está paralizada en la Conselleria de Hacienda, a falta de un informe que dirima la viabilidad presupuestaria de la plantilla que la entidad quiere cubrir mediante oposiciones. Y sobre la mesa está la posibilidad de acabar reduciendo el número de plazas que, hasta la fecha, rondaba las 450 sólo para la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat (SAMCV).

El problema es complejo, ya que con el número de plazas que el consejo rector ha proyectado para formar la plantilla definitiva de las dos entidades que conforman À Punt –la SAMCV y la Corporación Valenciana de Medios– la masa salarial de la empresa pública superará con creces el tercio máximo que se puede destinar a nóminas del presupuesto final de la cadena. Y hasta la fecha, para evitar ese incumplimiento que marca el contrato programa que rige la prestación del servicio público de radiotelevisión entre la Generalitat y À Punt, el número de plazas debería menguar en al menos medio centenar de empleos.

El diputado del PP en la comisión de radiotelevisión valenciana, Luis Martínez, ya advirtió el pasado martes, durante la comparecencia de Costa, de la situación y preguntó si la nueva dirección tenía ya pensada una solución para evitar este desnivel entre la plantilla y su coste.

La radiotelevisión valenciana publicó el pasado mes de noviembre su relación de puestos de trabajo, tanto para la sociedad como para la corporación. 517 puestos en la primera y 62 en la segunda. Sin embargo, las cifras que se manejan para la oferta de empleo público son de 59 en el caso de la corporación –que ya han sido convocadas, pero la prueba no tiene aún fecha– y alrededor de 450 para la sociedad. Pero, el consejo rector ni siquiera ha podido aprobar aún la oposición de la plantilla de la radio y la tele porque Hacienda no ha podido aún informar de manera favorable que el tamaño y la masa salarial cumplan con la ley para los más de 500 trabajadores con que quiere contar À Punt.

El problema parte de que sólo con la actual plantilla provisional, À Punt ya supera el máximo legal permitido para los gastos de plantilla. El propio presidente del consejo rector, Enrique Soriano, lo llegó a reconocer en una comparecencia en Les Corts hace dos años, cuando entonces destinaban 23 millones a salarios. En aquel momento el Consell pactó una moratoria en la aplicación del epígrafe del contrato programa que limitaba en un tercio del presupuesto los costes de personal. Sin embargo, esa excepcionalidad caduca este mismo año, cuando lo hace el contrato programa en vigor.

Y ahí está el lío. Fuentes de Hacienda confirman que el informe todavía no ha sido emitido y fuentes de la corporación reconocen que sin él visto bueno de presupuestos, el consejo rector no podrá convocar las oposiciones. Hacienda tiene difícil validar un informe en el que el coste salarial supere el tercio, porque lo impide la propia ley. Por eso, las dos únicas soluciones son recortar las cifras de la ofreta de empleo pública o promover una nueva moratoria mediante una disposición transitoria que apruebe la excepcionalidad.

El tamaño de la plantilla de À Punt no ha sido demasiado bien visto desde el principio en el entorno del Palau de la Generalitat, pero una vez conformada la entidad, nadie se atreve a reconocerlo en público ni mucho menos a instar a su recorte para no asumir el coste del desgaste de una decisión tan impopular.