El conseller de Hacienda Vicent Soler. jesús signes

El Consell refuerza el control de la gestión de los fondos europeos para evitar fraudes

Extiende la vigilancia sobre los altos cargos y familiares también de los receptores y rechaza la entrega de regalos y los conflictos de intereses

M. Hortelano

Valencia

Sábado, 5 de febrero 2022, 01:30

El Consell ha agotado hasta el último día el plazo dado por el Ministerio de Hacienda para elaborar su plan antifraude para poder gestionar fondos europeos. El departamento que dirige Vicent Soler aprobó el último día de enero su particulares tablas de la ley, con ... un listado de mandamientos entre los que prevalece uno sobre todos los demás: no robarás. Así, Hacienda (y el resto de departamentos) ha establecido los criterios y las normas de conducta que deberán observar en sus actuaciones públicas las personas incluidas en su ámbito de aplicación, con el fin de favorecer el desarrollo de unas instituciones y administraciones públicas «íntegras, transparentes, eficaces y eficientes». En este sentido, todas las partes implicadas en el reparto del dinero deben someterse a un estricto código de conducta que, en algunas situaciones, se extiende incluso hasta familiares y allegados de los altos cargos que manejen dinero llegado de Bruselas.

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Y es que, por ejemplo, las personas afectadas por el plan, deberán actuar siempre de manera que tanto sus intereses particulares, como los de sus familiares o de otras personas vinculadas a ellos no primen sobre los de la administración pública. Algo que parece obvio, pero sobre lo que la Comisión es muy estricta. Así, los que manejen fondos europeos y las empresas o entidades que los reciban no podrán tener interés personal en el asunto, ni ser administradores de sociedades interesadas en los proyectos. Tampoco se permiten acuerdos entre personas con vínculos matrimoniales o asimilables, o familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, o participación o asesoría en las empresas o proyectos que vayan a ser destinatario, ni trato desfavorable en el caso de enemistad manifiesta.

Comportamientos que parecen inequívocos para un buen gestor, pero que ahora se han puesto negro sobre blanco para que los gestores (se ha incluido a nuevos directivos en las consellerias que no son altos cargos y por tanto no están sujetos al código de buen gobierno) no tengan ningún resquicio de duda.

El código es especialmente estricto con varios comportamientos que identifica con claridad. Es el caso de los sobornos, el conflicto de intereses, el uso de los recursos públicos, la entrega de regalos o incluso la relación con los partidos políticos, a la hora de adjudicar fondos europeos. Así, el plan antifraude tipifica muchísimas conductas incorrectas y las detallas sobre el papel. Por ejemplo, queda prohibido el ofrecimiento, promesa, concesión o solicitud de forma directa o a través de personas interpuestas, de cualquier ventaja o beneficio económico o de cualquier otra índole a empresas, administradores, directivos, empleados o a sus familiares o personas allegadas con el fin de ser favorecido en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de cualquier servicio. Tampoco se permite aceptar, recibir o solicitar cualquier tipo de ventaja o beneficio no justificados con el fin de favorecer a la persona o empresa que ofrece la ventaja en perjuicio de terceros. Y queda igualmente prohibido ofrecer o solicitar de forma directa o a través de personas interpuestas, comisiones ocultas a o por comerciales, directivos, empleados o administradores a proveedores con los que se tenga intención de contratar. En el caso de los regalos, por ejemplo, el código detalla de manera exhaustiva, cuáles se pueden aceptar y cuáles no. Entran dentro de lo razonable, sin ir más lejos, los obsequios cuyo valor esté por debajo de los 50 euros o tengan un carácter simbólico. Además, todos los presentes u hospitalidades deben quedar registrados en una lista de control, como ya sucede con el portal de transparencia de la Generalitat,

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Pero, para identificar y corregir los posibles fraudes, se seguirá un estricto protocolo de actuación basado en la prevención, detección mediante un canal de comunicaciones anónimo y banderas rojas (indicadores de alerta donde se está cometiendo una acción fraudulenta por parte de personas formadas para ello), corrección de los errores y posible persecución, con obligación de devolver lo sustraído o desviado y todas las acciones legales que se consideren oportunas.

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