El Consell remite a Sánchez un documento con las 56 demandas concretas a abordar en la reunión del viernes

El Consell divide estas 56 demandas en un total de ocho bloques. En el de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda incluye la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el pago del 50% de las prestaciones de dependencia –cuyo coste se estima en 3.441 millones de euros-, apoyo económico para el cuidado de menores migrantes, la financiación estatal del IVA en actuaciones de fondos europeos de servicios sociales e igualdad, la transferencia de fondos para el Bono Joven de Alquiler, así como la anualidad pendiente del Plan de Vivienda y la aprobación de uno nuevo, con una estimación de 243 millones de euros.

El departamento de Hacienda es el que acumula el mayor impacto financiero de las reivindicaciones de la administración autonómica. El documento del Consell incluye la compensación de la deuda por un montante de 22.698 millones de euros, que es la estimación que se hace de la infrafinanciación relativa (respecto a la media) que arrastra la Comunitat.

Además, se explica, «la acumulación de saldos negativos entre 2002 y 2022 ha supuesto una insuficiencia relativa de financiación normativa corregida de la Comunitat Valenciana de 19.273 millones de euros en el conjunto del periodo». Por último, el fondo de nivelación que la comisión de expertos ha estimado en 1.782 millones anuales. También se plantea la reclamación por la bajada del IVA y por la suspensión del Impuesto de Electricidad, estimada en 352 millones.

«Rechazamos firmemente cualquier negociación bilateral para pactar una negociación singular para Cataluña y defendemos que las cuestiones relativas a la financiación de las CC.AA. se deben negociar en los foros multilaterales correspondientes: conferencia de presidentes y CPFF», se señala.

En el área de Sanidad se reclama la compensación del gasto por la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a desplazados de otras CCAA y otros países, con una cifra pendiente de cobro, se señala, de 1.004 millones de euros. En materia de Educación, las reivindicaciones van desde el aumento de la financiación para la educación 0-3 años, una EBAU única «que establezca adaptaciones del alumnado con necesidades educativas específicas en todo el territorio nacional», la reivindicación y el reconocimiento de la identidad valenciana «y especialmente del nombre de nuestro territorio como Comunitat Valenciana y el nombre de nuestra lengua como valenciano por parte de toda la Administración General del Estado y organismos públicos estatales», financiación pública estatal para cumplir la Ley Orgánica del Sistema Universitario –estimado en 241,9 millones anuales-.

En el ámbito del Medio Ambiente y las Infraestructuras, otra de las áreas con mayor volumen de demandas, figura la renovación del convenio de 300 millones con el Ministerio de Transportes, la ejecución del 100% del Plan de Cercanías, estimado en 1.486 millones, la del corredor mediterráneo, y que incluye el túnel pasante de Valencia, el canal de acceso al túnel pasante, o la adecuación Fuente San Luís y conexión con FORD mediante tercer hilo (en ejecución).

También se incluye la ampliación urgente de los aeropuertos de Valencia y Alicante, el soterramiento de las vías de Alfafar-Sedaví y Benetússer, estimado en 130 millones, la ejecución del Tren de la Costa, estimado en 1.600 millones, la de la Estación Central y el túnel pasante, valorados en 2.200 millones, obras de regeneración de la costa valenciana (200 millones) y 202 millones más en obras pendientes en l'Albufera.

También se reclama la devolución de la Dama de Elche y la del Llibre dels Repartiments dels terres entre vehins de la molt Noble y Leal e Insigne Ciutat de Oriola, también la restitución del Derecho Civil Valenciano y la dotación de la policía autonómica hasta completar las 500 plazas previstas frente a las 385 actuales.

En materia de Agricultura se solicitan ayudas para la sequía y la convocatoria de la Mesa de la Sequía. Según el último Informe sobre la sequía y su incidencia en las estaciones agrarias 2024, las pérdidas ascienden a 118,8 millones de euros. También la ejecución de obras hídricas pendientes, como la construcción de instalaciones para la reutilización de la depuradora de Rincón de León y Monte Orgegia en Alicante, así como diferentes obras en el postrasvase Júcar-Vinalopó.

En Justicia, la creación de nuevas unidades judiciales que compensen la sobrecarga de trabajo, con una estimación de 29,2 millones de euros, el apoyo a los funcionarios de este ámbito para acabar con las desigualdades entre territorios (22,5 millones) y la financiación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito.

Por último, en materia de Innovación e Industria, convocar una comisión bilateral Generalitat-Estado para concretar, diseñar y avanzar en el liderazgo del clúster valenciano en el proyecto estratégico de microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip). También medidas dirigidas a impedir que el PMP de 60 días dificulte el acceso a ayudas del sector cerámico, la aprobación de medidas arancelarias en apoyo al textil europeo, el impulso de la competitividad de la industria española del juguete o el impulso a la gigafactoría de Powerco.