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Junio es el mes de las pagas extra, también para las arcas del Consell. Pero no sólo las que abona a sus funcionarios, sino ... la que recibirá en forma de ahorros que los órganos estatutarios de la Generalitat no gastaron a lo largo del ejercicio pasado y que ahora requisará la Conselleria de Hacienda. El pleno del Consell aprobará hoy el reintegro de 5,3 millones de euros que las instituciones que dependen del Gobierno valenciano no han gastado durante 2020. Una medida que se aplica desde el año 2015, cuando las arcas autonómicas necesitaban cada euro que se pudiera recaudar y que el actual Consell no ha modificado.
En concreto, Hacienda ingresará 5,3 millones de euros una vez hoy el pleno del Consell apruebe la propuesta de reintegro por parte de las instituciones de la Generalitat de sus remanentes de tesorería. Por órganos, Les Corts es la que debe devolver más importe. En concreto, 3,2 millones de euros que no gastó en 2020. Más de la mitad de todos los ahorrillos que se incautará Hacienda. La Sindicatura de Comptes deberá devolver 543.000 euros, mientras que el Síndic de Greuges deberá retornar 426.000 euros. El Consell Valencià de Cultura no ha gastado 394.000 euros que deberá devolver, por los 224.572 que ha dejado sin utilizar el Consell Jurídic Consultiu y 412.729 que no ha empleado la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El último órgano y el que menos ha dejado sin gastar (también tiene el menor presupuesto) es el Comité Económico y Social, que debe reintegrar algo más de 50.200 euros.
La medida fue una de las sorpresas incluidas por el Consell en la conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012. En dicho texto, el Ejecutivo autonómico, entonces presidido por Alberto Fabra, deslizó una disposición en la que el dinero acumulado durante este ejercicio y los anteriores en las cuentas de las instituciones del dependientes de la Generalitat podía pasar a las arcas autonómicas. Algo así como dejar sin ahorros a los organismos que se financian sólo con dinero de las cuentas públicas. Entonces, el Consell puso como plazo para adueñarse de los remanente de sus organismos hasta el 30 de marzo. En aquel momento, la oposición, ahora en el Gobierno, puso el grito en el cielo. En marzo de 2012, el Consell recaudó 80 millones gracias a aquella medida contra la que incluso se pidió un informe jurídico a los letrados de la Cámara para comprobar que se trataba de una actuación ajustada a derecho. El Parlamento valenciano tenía serias dudas de que los organismos tuviesen la obligación de ceder sus ingresos. Aquella resistencia quedó en el olvido. El PP impuso su mayoría en la Cámara a pesar de que la izquierda, entonces en la oposición, criticó sistemáticamente esas medidas por considerarlas un recorte a la autonomía de las instituciones, algo que se ha mantenido durante los años posteriores, ya con la izquierda en el Consell.
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