Con la llegada del verano, el Consell puso sobre la mesa la idea de aumentar su catálogo de servicios públicos, con la creación de una nueva agencia para agrupar las políticas de Nuevas Tecnologías de la Comunicación. Para ello, nombró comisionada para estos asuntos a la exconsellera de Innovación, Carolina Pascual ... , que se incorporó en julio a sus nuevos cometidos. Semanas después, el Ejecutivo se topó con una rebelión en Hacienda, inquieto por la modificación de sus condiciones laborales y recelosos por sentirse de víctimas de cambios que consideraban que obedecían a «caprichos políticos». En ese momento, tras una reunión con los funcionarios de la casa, se llamó a la calma y se dejó el proyecto en barbecho. Sin embargo, ahora se ha vuelto a retomar la idea, con las primeras conversaciones entre socios en las que parece que finalmente el nuevo organismo sí se creará en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2023. Y nacerá después del duro informe de Intervención que los auditores públicos han dedicado a la empresa pública de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones y Certificación (ISTEC), en la que actualmente residen de manera única las competencias comunicaciones, bajo el paraguas de la DGTIC (una dirección general de Hacienda).
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La Intervención ha retratado un absoluto caos en departamentos clave como la contratación, el personal o la tesorería de la entidad. Sin ir más lejos, en el apartado de personal, el auditor se queja de las limitaciones puestas por la empresa pública para que se pueda analizar la información y pone la vista especialmente en aspectos tan llamativos como la cesión de trabajadores de otras empresas públicas, o la existencia de contratos laborales con una duración que excede a la máxima que establece el Estatuto de los trabajadores. Los indefinidos no fijos sólo pueden adquirir esa condición cuando lo dictamine la justicia, y el cambio de denominación por parte de la empresa, sin cumplir con los requisitos legales, conlleva responsabilidades a los gestores. ISTEC no está adherida, además, a ningún convenio colectivo y no tiene propio. De hecho, para calcular las indemnizaciones se basa todavía en el de la extinta Radiotelevisión Valenciana.
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Respecto a la contratación, Intervención ha detectado falta de previsión a la hora de firmar los acuerdos y de transparencia, ya que algunos contratos mayores no se publicitan en el perfil del contratante las personas que forman parte de las mesas que deciden. Pero, la peor parte se la lleva la tesorería, porque los auditores ha detectado riesgo alto en muchos de los pagos que realiza la entidad. Por ejemplo, se observan riesgos significativos en el proceso de pago mediante tarjeta prepago y en la falta de documentación de determinados pagos y la conformidad con la prestación del servicio y la factura recibida por los respectivos órganos competentes. Es decir, deficiencias graves en la trazabilidad del circuito de gasto. De hecho, llama la atención que la entidad cuente con tarjetas de crédito, que contravienen el código de buen gobierno de la Generalitat.
El caos en ISTEC es uno de los principales motivos, junto con la falta de medios de la DGTIC , para crear la agencia. Un nuevo organismo que en principio, tendría a la exconsellera de Innovación, Carolina Pascual, al frente. En la actualidad, esas competencias residen en la DGTIC, una dirección general dependiente de Hacienda, ocupada por un único alto cargo, al frente de un equipo de informáticos, técnicos e ingenieros. Pero, el Botánico quiere utilizar la ley de medidas, la conocida como ley de Acompañamiento, para agrandar las competencias y residenciarlas en un nuevo organismo autónomo, con entidad propia y más plantilla de altos cargos, con la forma que ahora tiene LABORA, por ejemplo.
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