Tres de cada cuatro funcionarios aún no se han incorporado a su oficina

La Generalitat ha puesto al ralentí la vuelta de sus empleados y empleadas públicos a sus habituales oficinas de trabajo. La nueva normalidad, después del Covid-19, en la que los despachos de los edificios de la Administración volverán a estar poblados, tendrá que esperar algo más de la cuenta, a juzgar por los planes de contingencia que cada conselleria está llevando a cabo y su nivel de ejecución según las fases. La Conselleria de Justicia, sobre la que recaen las competencias en función pública, ya dejó claras las normas de desescalada en una resolución dictada a principios de mayo. Sin embargo, dejó en manos de cada subsecretaría la aplicación de las mismas, lo que ha provocado un retraso considerable en la vuelta a la actividad presencial.

Según los planes de Justicia, en fase 1, se establecía un mínimo de un 25% de personal reincorporado a sus puestos, con un máximo de un 40%. La mayoría de departamentos se quedaron en el mínimo de la horquilla, pero con el pase de fase de la Comunitat, este pasado lunes, las consellerias tenían que haber aumentado el porcentaje de empleados y empleadas públicos en volver a la oficina. En concreto, Justicia había fijado en un mínimo de asistencia presencial para un 40% de la plantilla, mientras que el máximo quedaba situado en un 60%. Una cifra que queda lejos de lo que las propias consellerias reconocen estar aplicando.

Así, en una reunión mantenida entre las doce subsecretarías y los representantes de los principales sindicatos de la función pública, el martes, dentro de la comisión de seguimiento para la recuperación de la actividad presencial, se abordó el bajo grado de retorno a la actividad presencial. Y es que, con excepción de los servicios que se prestan por parte de la Conselleria de Igualdad, y en sus centros de atención directa, y la Conselleria de Sanidad, la práctica totalidad de las consellerias sigue teletrabajando como formula prioritaria. Además, es intención de los departamentos del Consell seguir con esta opción hasta que «existan condiciones de seguridad que permitan optar por opciones de trabajo más presencial».

Fuentes del Consell aseguran que las subsecretarías han preferido acogerse a la orden del Gobierno central que fijaba el teletrabajo como opción preferente hasta la entrada de la nueva normalidad. Es decir, una vez superadas las fases de desescalada. Una norma que las consellerias han preferido hacer suya por encima de la resolución de Justicia, con porcentajes de reincoporación más estrictos. Así, aproximadamente tres de cada cuatro personas con trabajo presencial de despacho aún no se han reincorporado.

Uno de los departamentos con menos presencia de la plantilla en el lugar de trabajo es Presidencia, senda que han seguido el resto de áreas. Según el plan de contingencia del centro neurálgico de la Generalitat, el 62% de funcionarios dependientes de sus servicios están teletrabajando y la idea es que sigan haciéndolo hasta el final de la pandemia. Solo hay marcado un bajo número de trabajadores esenciales entre subalternos, personal de audiovisuales, atención al público, mantenimiento, inspectores de turismo y conductores. Ellos, además, pueden pasar un test de Covid en caso de que sea necesario.

Así que viendo el precedente de Presidencia, el resto de áreas, salvo Sanidad, Igualdad y Justicia (redactora del plan) se lo han saltado en su mayoría y mantienen un máximo de un 25% de empleo presencial en los trabajos de oficina o en centros escolares. Destaca la Conselleria de Innovación, que en los planes de contingencia de sus dos oficinas tiene un 85% de teletrabajo implantado. Política Territorial mantiene aún el teletrabajo como opción implantada para su personal. No tiene turnos, ni cita previa. Y es que, la Administración debe garantizar una distancia entre mesas de más de dos metros o la instalación de mamparas. Y de momento, la inmensa mayoría de áreas no cumple las normas para que los funcionarios puedan volver a la oficina.