El Consell siembra el caos en la vuelta al trabajo de los funcionarios

La normalidad llega de golpe para los empleados y empleadas públicas de la Generalitat el próximo lunes. La Conselleria de Justicia, sobre la que recaen las competencias en función pública, ha anunciado ya a los representantes de los trabajadores públicos la vuelta a la actividad presencial total desde el lunes 22. Ese día, con el fin del estado de alarma, desde el departamento que dirige Gabriela Bravo consideran que es momento de dejar sin efecto la resolución que el pasado 8 de mayo sirvió para regular la organización de la Administración del mismo modo que se iban añadiendo medidas con los cambios de fase para el resto de asuntos de la vida cotidiana. Justicia tiene ya redactado un borrador que negocia a contrarreloj con los sindicatos, al que ha tenido acceso este diario, en el que se detalla que desde el día 21 de junio de 2020, «el 100% del personal al servicio de la Administración de la Generalitat deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo», y sus condiciones de trabajo serán las reguladas en el decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell. Es decir, se vuelve a la total normalidad. Desde Función Pública dan por finalizada la desescalada programa y la nueva entrada en la total normalidad. Fuentes de Justicia recuerdan que la vuelta del 100% de la plantilla ya estaba contemplada en el plan de desescalada del 8 de mayo, por lo que se muestran asombrados por las críticas. La nueva resolución, se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat en las próximas horas y ha sido hoy vista por el Consell.

La noticia, que de momento no ha sido comunicada a las consellerias de manera formal, sino que se reduce a las conclusiones de una reunión del equipo de Bravo con los representantes sindicales, pilla a los doce departamentos de la Generalitat en medio de la desescalada, ya que desde el pasado 8 de mayo, Justicia había dejado en manos de las subsecretarías la potestad para llevar a cabo los planes de contingencia que les permitieran cumplir con sus servicios y la mayoría de departamentos aún no han completado la transición, para la que eran necesarias medidas de seguridad entre las que se incluía la distancia social entre mesas, turno u horarios flexibles. De hecho, algunas consellerias habían elegido el teletrabajo como opción preferente para el conjunto de su plantilla mientras dure la pandemia, como las de Política Territorial, Presidencia o Economía. Sin embargo, con la orden de Justicia, que tiene previsto entrar en vigor el próximo lunes, todos los empleados y empleadas públicas deberán acudir de manera presencial, aunque los distintos departamentos no están todavía adaptados para cumplir con la normativa y, pese al criterio de sindicatos como CSIF, Intesindical o UGT, que ya han mostrado a la consellera su preferencia por el teletrabajo. Algo que, el propio decreto que el pasado sábado publicó el DOGV, firmado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya contemplaba en su artículo 4, en el que se establecía el teletrabajo como opción preferente para aquellos trabajos que se pudieran seguir prestando desde la distancia, hasta que se decrete el fin de la pandemia.

En el caso de la Administración General del Estado, los sindicatos ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas, esta misma semana, para que los funcionarios con personas menores de 14 años o dependientes a su cargo pudieran teletrabajar cuatro de cinco días a la semana. El resto, podría seguir haciéndolo al menos uno.

Sin embargo, con la nueva orden de Justicia, la Generalitat pone fin a la desescalada el lunes y fija de nuevo la presencialidad como condición obligatoria. Desde Función pública aducen que «aunque en el ámbito de la Administración de la Generalitat, el Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, ya reguló la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público, este instrumento normativo se ha mostrado cuando menos insufienciente para afrontar los retos que situaciones como las ocasionadas como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19 pueden plantear, por lo que resulta procedente impulsar, desde la conselleria competente en materia de función pública, una nueva regulación de esta materia que permita dar respuesta a las necesidades que puedan derivarse de la necesaria conjugación de la adecuada prestación de los servicios públicos y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral». Es decir, Justicia no aplicará el teletrabajo hasta que se desarrolle la orden del decreto aprobado en 2015.

Las subsecretarías deben ahora tomar medidas específicas de protección ante la COVID-19, y adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo, y en su caso, la regulación de horario escalonado y la organización de turnos, aunque administrativamente, aún no son conocedoras de la resolución y el lunes es el próximo día laborable, por lo que el desconcierto está asegurado.

Desde la FeSP-UGT se apuesta por el teletrabajo, y consideran que «debe compartir la actividad presencial con el teletrabajo -como, por ejemplo, se va a realizar para Administración General del Estado-». En CSIF van un paso más allá y acusan a la consellera Gabriela Bravo, de «ir por libre en las decisiones que afectan a sus trabajadores, e imponer su criterio doloso contra el personal a su cargo, demostrando gran desconocimiento de la gran respuesta de los empleados públicos en la crisis». Desde el sindicato recuerdan que en el resto de administraciones, «conscientes del grave riesgo de la incorporación presencial innecesaria de los trabajadores, están involuntariamente dejando en evidencia a la actitud impositora» de la consellera,. CISF recuerda que tanto el Estado como el Ayuntamiento de Valencia sí contemplan el teletrabajo. «¿Merecemos los funcionarios de la GVA una consellera que nos desprecia continuamente? ¿Será responsable de los eventuales contagios que pudieran producirse entre empleados públicos?», dice la central sindical en un mensaje interno.

Desde Intersindical acusan de «deslealtad institucional a Bravo» por su «falta de voluntad negociadora» en lo que a las condiciones de trabajo se refiere y aseguran que «además de la imprudencia y la irresponsabilidad que supone primar de manera precipitada la incorporación presencial de todo el personal sin evaluar el riesgo que supone para las personas, hay una insumisión normativa por ir en contra de priorizar el teletrabajo como establece el propio decreto del presidente».

La noticia también ha pillado con el pie cambiado a las consellerias, algunas de ellas, se muestran desconocedoras hoy viernes de la orden de Justicia y lamentan la orden de vuelta del 100% de la plantilla cuando hay departamentos que todavía no pueden garantizar las medidas de seguridad, y los empleados públicos han respondido bien al trabajo remoto.

Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que «la disposición incluye todas las medidas de seguridad necesarias para que la vuelta al trabajo presencial no suponga riesgo alguno para la salud del personal al servicio de la Generalitat». En este sentido, Bravo ha asegurado que así potencian «los servicios públicos para que puedan atender a la ciudadanía en condiciones de plena seguridad tanto para los funcionarios y funcionarias como para los usuarios y usuarias de las diferentes dependencias de la Administración autonómica». Además, la consellera ha anunciado que se va a elaborar, «junto a los sindicatos», una regulación del teletrabajo «que supere la normativa actual que se ha revelado insuficiente ante la nueva situación impuesta por la Covid-19 y con ella daremos respuesta a las necesidades derivadas de la adecuada prestación de los servicios públicos con las medidas de seguridad sanitaria y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las plantillas autonómicas», ha concluido.