El Consell admite que no puede apagar los incendios solo con su empresa pública

Y es que la SGISE, que nació para evitar las encomiendas a Tragsa (32 millones al año), sigue necesitando esa respiración asistida de la mercantial del Gobierno central, a la que sigue contratando año tras año, a pesar de su propia existencia como empresa pública de la Generalitat y su presupuesto (este año de 70 millones). Y este 2023 no será distinto, porque la mercantil del Consell ha vuelto a echar mano de una encomienda a la firma del Gobierno central para que le eche una mano con la logística, la gestión complementaria y el acompañamiento en la organización del servicio de bomberos forestales. Por todo esto, el Consell pagará 7,7 millones de euros a Tragsa, porque se declara incapaz de poder prestar «un servicio ciudadano tan relevante y de la tracendencia» de los incendios, sin ese oxígeno de la empresa ministerial a la que vino a sustituir. Y lo sigue haciendo cuatro años después del nacimiento de SGISE, y tras ser apercibido en numerosas ocasiones por la Intervención y la Abogacía de la Generalitat, que han alertado de que hacer encomiendas a Tragsa, que tiene el mismo objeto social que la firma valenciana, demuestra «ineficiencias en el modelo de gestión establecido» para asegurar el funcionamiento eficiente y ágil del servicio de bomberos forestales de la Generalitat.

Pero lo cierto es que desde el año mismo de su creación se han seguido haciendo encargos al considerado medio propio Tragsa (la Generalitat compró una acción de la firma de Agricultura para entrar en el consejo de administración) lo que evidencia que SGISE no es capaz de funcionar sola ni asumir el papel para el que fue creada: poner fin a la prestación del servicio público por parte de un tercero como lo era la empresa del Gobierno.

Lo curioso es que en esta ocasión, la justificación, dice la empresa, «son causas externas a la entidad», por el entorno macroeconómico y la crisis de los microchips, que han impedido licitar el servicio de suministro de vehículos, por ejemplo. Pero también el alto índice de temporalidad del personal subrogado y la imposibilidad de haber completado el 100% de la plantilla. De ahí que la empresa reconozca que no es capaz de prestar un servicio de extinción de incendios «sin interrupción en la deseable continuidad y sin altibajos ni merma alguna», en un momento de tanta gravedad como los post incendios de este verano, en el que se requiere que todas las entidades estén en plenas facultades y disponibles para satisfacer el interés general.

Además, SGISE no cree «que el encargo a Tragsa se prolongue en exceso», sino tan sólo «lo indispensable». La firma se encargará de la asistencia técnica especializada en contabilidad, logística, emergencia, asistencia al mantenimiento de vehículos y recursos humanos, así como la mejora y alquiler de bases operativas.