El Consell sigue sin pactar el requisito lingüístico a los 18 meses de aprobarlo

La Conselleria de Administración Pública es la competente a la hora de sacar adelante el reglamento por el cual se establecerá el requisito lingüístico a todos aquellos que quieran formar parte de la plantilla de la Administración valenciana. Mientras que la consellera Bravo entiende que debe reclamarse un nivel B2, en la negociación que mantiene con la conselleria de Educación, que también tiene su propio criterio que ofrecer en el reglamento, la dirección general de Política Lingüística exige que se mantenga el C1, o 'Grau Mitjà'. En este sentido, la exvicepresidenta Oltra ya advirtió el pasado mes de mayor que consideraba «adecuado» continuar con la exigencia del c1, tal y como se estableció desde 2017. El debate sobre este asunto amenaza con dejar fuera de la legislatura la aprobación del requisito. Entre bromas y veras, tiras y aflojas, han pasado 18 meses desde que se aprobó la ley que incluye el requisito. El problema es que no se ponen de acuerdo en el modo de implantarlo y es complicado que lo puedan consensuar porque dar el brazo a torcer en este caso es pasar prácticamente del blanco al negro.

«Ahora mismo lo vigente, desde 2017, es que en el nivel A1, A2 y A3 es ese nivel. Aquí no estamos para ir a peor. Uno no tiene que ir a empeorar sino al menos quedarme como estoy», advirtió. Oltra. Preguntada ayer Mas sobre este mismo tema, coincidió en que «no podemos ir a peor, es algo que piensa el Gobierno, y por eso se continúan con conversaciones para encontrar la mejor solución posible. Cuanto más se habla, más se puede consensuar y saldrá una opción con la que todo el mundo esté más cómodo». Lo que no quiso o no pudo especificar es por qué, si todos en el Consell quieren ir a mejor, no se ponen de acuerdo.

La resistencia de Mas a explicar la existencia del conflicto interno, el pulso entre Bravo y Compromís, no lo borra de un plumazo. Sigue ahí. De otro modo, si hubiera acuerdo, el decreto se habría aprobado ya, 18 meses después de salir adelante la ley, con los plazos legales caducados para validar el decreto del que depende el requisito.

«Continuamos con las conversaciones y no es un tema cerrado», admitió la vicepresidenta, quien aseguró que «estamos esperando a que se acaben los debates internos y las conversaciones y esperamos que en el tiempo más corto posible den sus frutos y anunciemos alguna cuestión».

El Consell acordó ayer modificar, mediante decreto ley, algunos artículos y disposiciones de la Ley de la Función Pública valenciana a fin de adecuar la norma autonómica a la Ley estatal 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.

Con esta modificación se da cumplimiento también a los acuerdos alcanzados en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat respecto a la normativa autonómica en materia de Función Pública.

De esta forma, se modifica la Disposición Transitoria Decimotercera para permitir, en los procesos de estabilización de empleo temporal, la inclusión en bolsas de trabajo ya existentes a aquellos interinos que, habiendo participado en un proceso de selección de personal, no lo hayan superado y haya sido cesado del puesto que ocupaba. Se modifican también dos apartados del artículo 104 para recalcar que la Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP) será el centro encargado de gestionar, no solo las acciones formativas de la Administración de la Generalitat, sino también de todo su sector público instrumental, así como su papel coordinador de las acciones formativas planificadas por los otros centros de formación de personal empleado público existentes en la Generalitat.

Asimismo, el decreto ley establece que el nombramiento de personal interino para puestos vacantes tendrá una duración máxima de tres años.

Nada parece fluir en torno a la Ley de Función Pública. Desde el principio se ha convertido en un quebradero de cabeza para Bravo, que ha contado, inicialmente, con la resistencia de los sindicatos; posteriormente, con las reticencias de Compromís en asuntos como el requisito lingüístico; y por si faltara poco ha tenido que pasar por una comisión bilateral solicitada por el Gobierno central por su desacuerdo en varios asuntos vinculados con una ley que, al menos en lo que se refiere al requisito, no termina de avanzar.