El Consell sólo lleva pagados 291 de los 1.853 millones que anunció que invertiría en 2019

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril permitieron a PSPV, Compromís y Podemosreeditar el acuerdo del Botánico. Desde esos comicios, el tripartito ha tenido que navegar con las dificultades financieras de una autonomía acorralada por las deudas y con un déficit desbocado.

Los recortes a los que ha obligado el cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria se convirtieron en el primer dolor de cabeza del nuevo Ejecutivo. El debate sobre los más de 365 millones de euros en los que acabaron esos ajustes superó con mucho el impacto de esas retenciones de crédito, cuyo volumen resultó finalmente menor de lo que en un principio se especuló. Desde distintos ámbitos, incluido el propio Consell, se asumió que un ajuste de esas dimensiones era escaso en comparación con las cantidades del presupuesto que, al finalizar el año, se quedaban sin ejecutar.

Ese problema, el de la escasa ejecución del presupuesto, queda retratado a la perfección en los datos correspondientes al mes de octubre –y que acaba de dar a conocer la Generalitat–. Los capítulos VI y VII, inversiones reales y transferencias de capital, son los que dibujan el esfuerzo inversor de la administración autonómica. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, dio luz verde a unos presupuestos para 2019, los que están en vigor, con un crecimiento del 10%. Una apuesta por la mejora de la economía –y la recaudación–, así como el apoyo de esos ingresos ficticios con los que el Gobierno valenciano siempre confía. Factores que propiciaron que el gasto previsto en inversión se incrementara por encima de los 1.853 millones de euros –1.102 millones de transferencias de capital y 751 de inversiones–.

Todo bien, si no fuera porque el visor presupuestario del Consell revela que la cantidad pagada de esas cantidades es de poco más de 291 millones de euros, un 15% del total presupuestado. El dato revela como pocos el colapso financiero en el que se encuentra la administración autonómica, que sólo tras enviar sucesivos mensajes de auxilio al Gobierno central logró desbloquear los anticipos y las entregas a cuenta del sistema de financiación.

La cifra respecto a los pagos realizados es indicativa de la liquidez real de que dispone el Gobierno valenciano. El mismo visor presupuestario retrata también los créditos reconocidos, es decir, cuáles son las inversiones que, aunque no se hayan pagado todavía, sí que existe la intención declarada de abonar. El dato podría revelar que la administración autonómica ha efectuado pocos pagos –pese a haber superado el mes de octubre–, pero que en sus planes entra realizar muchos más antes de finalizar el año.

Pero no es exactamente así. El nivel de gasto reconocido, por lo que a los capítulos inversores se refiere, se sitúa en 577 millones de euros. Es decir, los pagos efectuados hasta este mes alcanzan los 291 millones. Y los que se espera realizar del ejercicio en curso llegarán en todo caso hasta los 577 –cifra que incluye, obviamente, los ya abonados–, entre las transferencias de capital (326,5 millones) y las inversiones (251,2 millones).

La conclusión es que de los 1.853 millones de euros presupuestados inicialmente en inversiones, el Consell no tiene previsto utilizar más de 577 millones, algo menos de un tercio del total. Cerca de 1.300 millones, atendiendo a esas cifras, se quedarían sin ejecutar. Una cantidad, curiosamente, que coincide con los ingresos ficticios que el Consell se pone año tras año en los presupuestos –con la excusa de poder aumentar el gasto–. Y que finalmente tampoco utiliza.

Los datos señalan al gasto real en inversiones, no al conjunto de la ejecución del presupuesto –que incluye capítulos como el de personal, que elevan los porcentajes de ejecución global. De hecho, el mismo visor detalla que de los 23.285 millones de euros del presupuesto en curso, se han pagado ya 16.144 millones y se han reconocido 17.487.

De las dificultades financieras que atraviesa el Gobierno valenciano –y que Hacienda atribuye a la infrafinanciación– da idea también el estado de su tesorería, dado a conocer ayer en el Diari Oficial. El documento que retrata la evolución de la liquidez de la administración autonómica sitúa el saldo final de tesorería en 135,9 millones de euros, con un flujo neto negativo durante el ejercicio de 160,2 millones.