El Consell asume la deuda de 500 millones de Feria Valencia e IFA y aprueba su privatización parcial

El Pleno del Consell ha dado el vistió bueno a la refundación de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) por medio de dos decretos que ponen a cero la deuda de ambas entidades y establecen una estructura público-privada con la que deben afrontar el futuro.

El ejecutivo carga con 480,81 millones de deuda de Feria Valencia y otros 45,59 millones de IFA. Esta deuda ya se contaba en la de la Generalitat, según establece el Banco de España. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha calificado la medida como "quitar promo a las alas".

Por su parte, el de Economía, Rafael Climent, ha destacado que se incluye la obligación para la Generalitat de promocionar las ferias comerciales oficiales que aconsejen los intereses generales de la Comunitat Valenciana, ya sea de forma directa o indirecta con uno o varios.

La idea es "gestion privada y control público", ha destacado Climent. En todo caso, se ha dado un plazo que puede llegar a 10 meses para hacerlo, aunque no descarta que sea más o menos. Para Climent, los relevante es completar el proceso de forma correcta.

El pleno del Consell ha aprobado el decreto ley que modifica la Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana, en el artículo 101, con el fin de introducir la declaración de ferias comerciales oficiales como servicio de interés general autonómico. 

El texto reconoce finalmente que la entidad sea de propiedad público-privada, por medio de socios que conozcan el negocio, pero bien sea mayoritaria o no esa aportación externa, no tendrá las manos libres. «Actualmente, se considera que la opción más adecuada para resolver las dificultades de ambas instituciones, consiste en que la actividad ferial sea gestionada por un nuevo ente bajo la fórmula de sociedad de capital mixto. Bajo estos parámetros, la sociedad mixta no estaría clasificada en el Sector Administraciones Públicas, de forma que su deuda y déficit no consolidaría con los de la Administración General de la Generalitat», señala el texto.

«No obstante, dado el carácter de interés público de la actividad ferial, la sociedad mixta deberá someterse a las directrices que emanen de las administraciones públicas competentes, de acuerdo con la legislación vigente», concluye. Esta redacción hace temer un efecto disuasorio para los posibles inversores, como han alertado desde el primer momento distintos responsables feriales. Sin embargo, esta condición era una de las bases para aceptar la entrada de capital privado por parte de Compromís en las ferias.

En todo caso, el atasco en la tramitación de los decretos de Hacienda para asumir la deuda de mil millones por las obras de ampliación de Feria y los setenta millones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y de Economía para declarar las ferias de interés autonómico y que la Generalitat pueda organizarlas, directa o indirectamente, hará que Les Corts convalide ambos textos, como pronto, a finales de enero de 2018. De ser así, quedaría poco más de un año de legislatura para culminar la refundación pactada en mayo de 2016 y que sus responsables preveían este año.

Cuando concluya la tramitación normativa, será el momento de iniciar el diálogo competitivo con los operadores privados interesados en participar en la futura gestora del negocio. Esa búsqueda de socios privados, con la elaboración del pliego de condiciones pertinente, estaba prevista para el verano de 2016 pero, si todo va bien, llegará dos años después. Y aún quedaría pendiente la constitución de una sociedad mixta, el rescate de la concesión municipal y la adjudicación de una nueva a la Generalitat.