El Consell suma ya en mayo más de 1.200 millones de gasto fuera de presupuesto

El impacto de más de tres meses de estado de alarma por la pandemia sanitaria del Covid-19 ha contribuido a desdibujar la utilidad del presupuesto de la Generalitat para 2020. La caída de ingresos como consecuencia del parón económico, la necesidad de reorientar prioridades hacia la crisis sanitaria, social y económica provocada por el virus y el proverbial (y previsible) retraso en la reforma de la financiación autonómica son algunos de los factores determinantes.

Pero una cosa es el efecto de la pandemia, y otra muy distinta que las cuentas no recojan la realidad del gasto de la administración autonómica. Una circunstancia que, en el área de sanidad, tiene su reflejo todos los años, y que contribuye a extender esa máxima de que la infrafinanciación de la Comunitat es, por encima de todo, sanitaria.

La Intervención General de la Generalitat publica de forma mensual los datos de la cuenta 413, denominada formalmente de ‘acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto’ y que es el equivalente a la contabilización de los gastos realizados por el Gobierno valenciano y que no estaban previstos en el presupuesto. Ni se han contabilizado ni se han pagado. Los datos correspondientes al cierre del mes de mayo sitúan la cuenta 413 de la Generalitat 1.206.538.150 euros. La cifra tiene tres componentes principales: el vinculado a la administración general, el generado por los servicios sociales y el más importante, que es el sanitario.

¿Cómo de importante? La Intervención atribuye al gasto sanitario 888,5 millones de euros de pagos sin reflejo en los presupuestos. Es decir, dos terceras partes de lo que la administración autonómica ha tenido que pagar sin tenerlo presupuestado corresponde a gasto sanitario.

Los datos son de mayo. Y se podría entender que reflejan el gasto que la conselleria que dirige Ana Barceló ha tenido que acometer para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19. Podría entenderse... pero no es así. En enero de este año, mucho antes de que se declarara el estado de alarma, el gasto sanitario pendiente de reconocer era de 918,9 millones de euros.

De manera que lo que la cifra hace es identificar la incapacidad del Consell para acercar el gasto sanitario del presupuesto al real. Según Intervención, las facturas pendientes de aplicar a presupuesto son de 250 millones en la administración general, y 67 en el capítulo de gasto social. Cifras que hacen aún más evidente que agujero se encuentra en el ámbito sanitario.

¿Un problema de falta de fondos provenientes del Estado? La socorrida explicación de la conselleria de Hacienda, que atribuye a la infrafinanciación todos los males económicos de la Generalitat, choca con los datos de ejecución presupuestaria. A 31 de mayo, el Gobierno valenciano llevaba obligaciones de pago reconocidas por valor de 9.126 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones pendientes de pago superaban los 1.500 millones de euros.

Es decir, si se suma la cuenta 413, de lo que se debe y no está contabilizado en el presupuesto, con lo que no se ha pagado aún de lo que sí se ha ejecutado, resulta una cifra que supera los 2.700 millones de euros. Un dato que contrasta con las obligaciones reconocidas en el capítulo VI, el de inversión real, y que se sitúa en 134 millones -apenas un 19%-.