El Consell se topa con el Gobierno en sus planes para tramitar todo por emergencia

El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, ha alcanzado en el mes de julio soluciones pactadas con la Comunitat y otras cinco regiones para evitar recursos de inconstitucionalidad. Uno de los acuerdos es con la Generalitat Valenciana, en concreto con su Ley 3/2020 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización, la conocida como ley de acompañamiento. Según explicó ayer el Ministerio, se ha alcanzado un acuerdo en distintas materias referentes a contratación, evaluación del impacto medioambiental y materia fiscal donde el Consell se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas en estos aspectos.

Y para llegar a ese acuerdo, el Ejecutivo valenciano ha tenido que hacer concesiones por el camino para poder cerrar la bilateral. Así, el Gobierno anunció ayer que el Botánico ha realizado cambios en varias normas. En una de ellas, por ejemplo, el Ejecutivo valenciano echó el freno a finales de mayo, mediante una corrección en la disposición adicional, aprovechando la publicación de un decreto de ayudas a empresas por la pandemia. Y lo hizo después de que en diciembre del año pasado, Hacienda incluyera vía enmienda de sus grupos parlamentarios un texto que modificaba la ley de contratos del sector público para amoldarla a sus nuevas necesidades y extender el contrato de emergencia a todas las actuaciones que se realizaran con cargo a los fondos de reconstrucción del coronavirus. Eso, sin tener en cuenta que la norma es estatal, y por tanto, no puede ser cambiada por la autonomía de turno porque la competencia es del Estado.

Así que el Gobierno central planteó en abril reparos en su constitucionalidad por vulnerar su competencia en esta disposición e inició una comisión bilateral en la que discutir los pormenores de esta cláusula. El Ministerio de Política Territorial negoció con el Consell algunos aspectos de la ley que, finalmente, han acabado con la derogación o modificación de tres normas.

Fuentes de la Generalitat reconocieron ayer que el Consell ya modificó el artículo que impedía contratar por emergencia todas las ayudas aprovechando otro decreto, por lo que aunque el Gobierno lo mete en las tres normas que ha pedido modificar, aseguran que ya se ha subsanado.

Las otras dos normas que deberán ser mofidicadas para emplearse tienen que ver con la declaración de emergencia ciudadana en la Administración , tanto en su artículo 3 como en el anexo. Pero, también una norma en la ley de residuos en la que se permitía hacer uso de los remanentes de tesorería, según explicaron ayer fuentes del Consell.

El Ejecutivo central tiene también planteada una bilateral para plantear dudas sobre la constitucionalidad de extender a todos los contratos de fondos europeos la urgencia, como ya adelantó este diario.

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