El Consell de Transparencia denuncia que Pérez Garijo entorpece su actividad

El Consell de Transparencia es un organismo presidido por un catedrático propuesto por Podemos, un ente que cuenta con cinco consejeros, tres de los cuales fueron elegidos por sugerencia de los partidos del Botánico. Sin embargo, toda esa tutela y supuesto envite por la transparencia queda posteriormente negado en el día a día. Un año más, y ha sido así desde su puesta en marcha en 2015, la memoria anual de este consejo carga con dureza por el modo en que el Consell le ningunea. Todos los años igual desde su arranque, por lo que ya, directamente, desde la memoria se prescinde de los paños calientes y acusan a la conselleria de la que dependen, la de Transparencia, de impedirles hacer su trabajo. La conselleria que dirige Rosa Pérez Garijo (Unides Podemos) no ha cambiado el talante que el consejo ya le afeaba al departamento cuando lo lideraba Alcaraz (Compromís).

En la memoria que el Consell de Transparencia acaba de hacer pública sobre su actividad en 2020 explica su situación con claridad. La ley que articula su actividad tiene defectos que no se han subsanado. Los consejeros creen que los fallos no se quieren solventar a través de la nueva normativa que la propia Pérez Garijo presentó cuando se inició su tramitación como proposición del tripartito en Les Corts. Por si fuera poco, según este informe que recoge su actividad el año pasado, la ley permite a la conselleria obstaculizar la labor del consejo, algo que, según la memoria, ocurre de manera sistemática. Y como no es ni el primer ni el segundo año que sucede, se trata de un impedimento consciente, lo que se entiende vulgarmente como un sabotaje.

La memoria señala, literalmente: «Desde la puesta en marcha del Consejo de Transparencia, se han evidenciado dificultades en el funcionamiento debido a un diseño inadecuado en la ley en cuestiones tales como la dependencia orgánica, personalidad jurídica, número de consejeros y su dedicación, etc… Estas dificultades siguen presentes y nuestra dependencia orgánica de la actual Conselleria de Transparencia (...) ha sido utilizada por ésta para restringir el desarrollo del Consejo de Transparencia e impedir su potenciación».

En la memoria se indica «que buena parte de dicho presupuesto (100.000 euros) no se ha podido emplear debido no solo a la escasez de medios y personal de la oficina de apoyo, lo que ha imposibilitado llevar a cabo las gestiones para organizar actividades, sino también en gran medida a la situación sanitaria que sigue sacudiendo nuestro país y que ha impedido cualquier iniciativa». El organismo constata que la pandemia ha obstaculizado su labor, pero subraya que es un añadido a la precariedad que sufre tanto en medios como en personal administrativo. De las 255 reclamaciones presentadas el año pasado quedaron pendientes de ser resueltas casi la mitad, un total de 121. Se emitieron resoluciones en 182 casos, fechados tanto el año pasado como el anterior. Durante el primer ejercicio anual completo contabilizado, el de 2016, el Consejo recibió 118 reclamaciones. Su consolidación como entidad de referencia a la que acudir frente a prácticas opacas de las diferentes administraciones queda patente al comprobar que en su último año, y a pesar de la pandemia, las reclamaciones son más del doble que cuatro ejercicios atrás, un total de 255.

El informe también recuerda que «sigue sin haberse constituido la Comisión Consultiva del Consejo», así como la situación de inestabilidad de la Oficina de Apoyo al Consejo, un servicio regulado en 2017 al constatar la saturación del organismo.

Sin embargo, esa oficina ha sufrido numerosos problemas en dotación de medios y personal, según se reitera en la memoria, donde se recuerda, además, que de los cinco consejeros que constituyen el ente, cuatro de ellos han visto caducada la vigencia de su mandato al terminar a finales del año pasado, una interinidad agravada por la modificación en la composición del organismo que se pretende introducir a través del cambio de la ley, que no es vista con buenos ojos por el PSPV.

Por esta falta de medios, según el consejo, «no se ha podido ejecutar la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa»; tampoco es posible «mantener permanentemente actualizada la página web del Consejo, así como perfeccionarla dotándola de mayor contenido y haciéndola más atractiva e intuitiva para la ciudadanía»; e igualmente, «no se han podido cumplir los plazos de resolución y notificación de reclamaciones». Transparencia, no habrá mucha o no se ha podido incrementar por falta de medios, pero claridad, el informe es meridianamente claro.