Directivos de empresas del Consell no hacen públicos sus sueldos

El sector público de la Generalitat se ha convertido en una suerte de administración paralela, con una estructura similar a la del propio Gobierno valenciano en tamaño y coste. Un Consell a pequeña escala en el que su personal directivo tiene, según la legislación vigente en materia de transparencia y buen gobierno, las mismas obligaciones que los altos cargos de la Generalitat. Sin embargo, la Administración ha relajado su supervisión sobre este grupo que en la actualidad va ya por las 67 personas entre directores, gerentes o contratos de alta dirección. Si bien el Portal de Transparencia de la Generalitat actualiza con puntualidad los nombramientos y ceses de cada nueva incorporación, lo cierto es que del listado que se podía consultar la pasada legislatura han desaparecido todos los datos relacionados con el sueldo y los complementos que perciben anualmente los nombrados, así como la información del número máximo de personal directivo que puede contratar cada entidad, según el decreto 95/2016.

En concreto, a día de hoy hay 67 personas dentro del grupo de personal directivo de las 47 empresas que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat, pero en total hay 81 plazas disponibles, por lo que quedan casi una quincena por cubrir. Aunque no todos de ellos remunerados, esta situación es minoritaria. Es el caso de algunas empresas o fundaciones, donde los secretarios autonómicos o directores generales titulares de la unidad administrativa de la que dependen estas empresas ejercen su dirección. Por ejemplo, el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, ejerce de director de la S+EM, el organismo autónomo desde el que se gestiona la coordinación y la respuesta a las emergencias. O, el servicio valenciano de empleo, LABORA, en manos del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu. Pero en esa situación sólo están seis de esas 47 empresas públicas.

Con la llegada de la segunda edición del Botánico ya se han producido seis nuevos nombramientos respecto de todos los que ya había durante la pasada legislatura. En concreto, hay dos directivos nuevos en la empresa pública que gestiona los bomberos forestales, una más en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, una en Istec y la cifra de directivos en las empresas que dan soporte administrativo a À Punt han pasado de seis puestos a 8.

Los nombres de todas las personas que tienen un contrato de alta dirección están publicados en GVA Oberta, sin embargo, no sucede lo mismo con sus remuneraciones. Algunas de las empresas públicas las publican en los respectivos portales de transparencia de sus entidades, aunque los casos son minoría y, además, se mantienen desactualizadas. Desde Transparencia aseguran que informan a todos los nuevos nombramientos de que deben hacer pública toda la información, atendiendo a la normativa del Consell pero las peticiones no siempre son escuchadas con la prisa requerida. Además, aseguran que en algunos casos albergan esa información en las webs de las entidades. Aunque a día de hoy, aún hay empresas sin web. Tampoco hay rastro ya en GVA Oberta de los pluses por vivienda o los trienios, en caso de ser funcionarios.

Con los datos de la anterior legislatura como referencia, los salarios en el sector público oscilaban entre los 40.700 euros y los 51.520. En la actualidad hay puestos directivos aún sin cubrir en Aerocas, Cacsa, IVF, FGV, Ivace, Epsar, Vaersa, el IVAM o en la Autoridad del transporte metropolitano, donde falta el director.

El pasado mes de diciembre el Gobierno valenciano aprobó una modificación del decreto que regula los nombramientos del personal directivo del sector público para adaptarlo a sus necesidades. Es decir, para poder elegir a dedo tanto a los directores como a todo su personal directivo. Las contrataciones de los cargos públicos se pasarían por acuerdo del Consell, sin necesidad de abrir un proceso selectivo como detalla el texto que se modificó vía Ley de Acompañamiento. Sin embargo, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ya ha reflejado algún que otro error en la aplicación de esta norma, como el proceso de selección para que la empresa pública ISTEC designara a su vicegerente, un puesto de nueva creación que el propio Consell acabó retirando para cumplir con su propia norma. Hubo otro fiasco en el nombramiento de una subdirectora de la empresa pública de vivienda y suelo de la Generalitat (EVHA) a la que el consejo de administración de la entidad nombró meses antes de que lo hiciera el Diario Oficial de la Generalitat. De hecho, mes y medio después de que llegara a la empresa pública apareció publicado en el DOGV, pero nunca llegó a pasar por el Consell, como marca la nueva norma.

Así que esta semana, con el aterrizaje en la misma empresa de la otra subdirectora, Helena Ferrando, propuesta por Compromís, se ha realizado por primera vez con corrección el primer nombramiento de este tipo. Ferrando fue propuesta por la EVHA y designada por acuerdo del Consell.