El Consell de Transparencia obliga a Marzà a revelar una encuesta a los padres sobre los colegios

No es de extrañar que el tripartito haya aprobado modificar la ley de Transparencia para rebajar el perfil del Consell de Transparencia, un organismo que debe velar por que las instituciones públicas en la Comunitat rindan cuentas al ciudadano. No es de extrañar, si se piensa desde la óptica de una Administración que, cuanto menos críticas reciba, mejor. A la espera de que la conselleria que dirige Pérez Garijo (EU-Podemos) implemente un cambio legislativo que desmantelará el actual Consejo, el organismo ha emitido una resolución que supone un varapalo para la Conselleria de Educación. El departamento de Vicent Marzá (Compromís) se negaba a facilitar al padre de un alumno los datos de una encuesta de satisfacción que el solicitante de esa información cumplimentó en su día (a petición de su colegio), de manera anónima (según la propia conselleria). Sin embargo, al tratarse de un documento público, el padre ha solicitado conocer los resultados. Educación no quería.

El Consell de Transparencia ha fallado a favor del reclamante. De este modo, tras el fallo del Consejo y en función del sondeo elaborado por la conselleria, ahora los padres pueden demandarle a Educación saber lo que las familias de los distintos colegios piensan sobre el centro escolar al que llevan a sus hijos.

El proceso se inició cuando, el pasado 5 de junio, el padre de un alumno del CEIP Cervantes de Valencia reclamó a la conselleria conocer el resultado de una encuesta realizada anteriormente a todos los padres, tanto en su centro escolar como el Santa Teresa, también situado en el centro histórico de Valencia, así como los datos relacionados con los colegios de la capital y de la Comunitat.

La Conselleria quiso saber, a través de «cuestionarios anónimos» datos sobre el menor, así como el lugar de nacimiento de sus padres, su nivel educativo, edad de escolarización, hábitos de lectura, grado de satisfacción con el profesorado, horas dedicadas a los estudios, implicación de los padres en las tareas escolares, así como por el funcionamiento de las escuelas durante la pandemia y el grado de satisfacción respecto a ello.

Al padre reclamante se le negó el acceso a esas encuestas el 2 de julio, alegando que eran datos que «nada más se deben conocer por los colegios de manera interna», además de considerar que esa información era susceptible de ordenarse de tal modo que permita hacer «valoraciones individuales del alumnado» o para «establecer clasificaciones de los centros»; prohibidas por ley.

El padre reclamanete de los datos recurrió al Consell de Transparencia el 12 de julio. Con fecha 11 de febrero, la resolución del Consell de Transparencia desmonta punto por punto los argumentos de Educación. El organismo reprocha al departamento que lidera Marzà su opacidad y falta de participación, con este tipo de actitudes, en la conformación de una «opinión pública informada, crítica y activa. La Consellería parece olvidar la importante misión que en un sistema democrático desempeña ésta, así como el deber de la administración de atender sus quejas y servir a sus demandas».

En los fundamentos jurídicos que sostienen la necesidad de facilitar los datos de esa encuesta, el consejo señala que Educación le dice al padre que no puede dar los resultados por la necesidad de cumplir con la ley de protección de datos; sin embargo, la propia conselleria se dirigió a los padres asegurando que la encuesta era absolutamente anónima. Igualmente, el departamento de Marzà niega ahora los datos para evitar clasificaciones sobre la calidad de los centros, a pesar de que el sondeo no era una evaluación interna ni externa ni de ningún tipo, sino la opinión de los padres sobre los colegios de sus hijos. No obstante, parece que es eso, precisamente, lo que se pretende ocultar.

Educación también se niega a ofrecer los datos porque considera que el acceso a los resultados en la forma que les solicita el reclamante pondría en riesgo la necesaria colaboración de la comunidad educativa en las evaluaciones, pudiendo llegar a afectar a su celebración y, en consecuencia, dejar sin efecto un instrumento decisivo para la toma de decisiones en materia educativa. Frente a esto, la resolución advierte de que al argumento de la conselleria se le puede dar la vuelta y considerarse que la transparencia incentivaría la participación en estas consultas y la fiscalización de sus resultados constituiría un incentivo para el personal docente y la dirección de los centros educativos. Habiendo de concluir que, cuando menos, la administración no resulta persuasiva a la hora de justificar su opacidad.

El informe le recuerda a Educación que «el reclamante no es un simple ciudadano sino el padre de un alumno de primaria de uno de los centros cuyos datos recaba, partícipe, junto a su pareja, de la encuesta cuyos resultados desea conocer y miembro de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del centro», tras todo lo cual resuelve estimar la reclamación presentada e insta a la conselleria facilitar los datos.