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BURGUERA
Viernes, 20 de septiembre 2019, 00:34
VALENCIA. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentó hace 13 meses unos presupuestos que él mismo calificó de «milagro» por confiar en que los ingresos aumentarían de tal manera que nivelarían un notable incremento del gasto. Las cuentas de la Generalitat para este año se dispararon un 10% respecto a las de 2018 hasta alcanzar los 22.000 millones de euros. Desde el lunes pasado, las diferentes consellerias deben presentar sus previsiones para los presupuestos de 2020. Altos cargos del Ejecutivo autonómico valenciano admiten que esta vez no será expansivo (el presente ejercicio era electoral, lo que implica habitualmente una mayor dotación de inversiones) y que contará, por primera vez desde que en 2015 el Pacto del Botánico permitió que la izquierda gobernase la Generalitat, con recortes en algunas áreas. El ciclo económico español y europeo no ofrece buenas expectativas. El propio Soler, tras defender hace una semana lo «razonable» de las previsiones presupuestarias presentadas hace un año, admitió que sus colaboradores fiaron sus cálculos a un optimista incremento de ingresos apoyados en el sector inmobiliario, que finalmente se ha estancado.
La situación económica no tiene visos de mejorar, lo que impedirá que la Generalitat pueda dar por sentado un aumento de la recaudación. Además, tras las últimas elecciones, la Administración autonómica valenciana se ha expandido: hay dos consellerias más (Vivienda e Innovación), lo que supone que, con la misma tarta, hay más comensales. Necesariamente, habrá que repartir a la baja.
El Consell está actualmente haciendo equilibrismos contables para intentar aguantar la asfixia propiciada por la infrafinaciación. La deuda crece (las números rojos de la Generalitat y los intereses que generan ese endeudamiento representaron casi un tercio del aumento total del presupuesto para este año. El apartado de la deuda alcanzó los 5.281 millones de euros, un volumen propio de las consellerias punteras del Ejecutivo de Puig ), los ingresos se estancan y, desde el Gobierno central, se reclaman ajustes en el gasto público si se quiere acceder al FLA (fondos de liquidez). La Generalitat apenas ha ejecutado un 6% de las inversiones previstas para este año, y los recortes impedirán rematarlas en este último tramo del ejercicio, lo que obliga a posponerlas para futuros presupuestos o, directamente, dejarlas en suspenso. El escenario es restrictivo. Las consellerias tienen de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para notificar a la Conselleria de Hacienda sus previsiones.
Durante el mes de octubre, el departamento que dirige Vicent Soler intentará dar café para todos a sabiendas de que se quedará corta y alguno tendrá que pagar el pato del estancamiento de la economía, sumado al aumento de áreas del Consell. Desde Compromís se mira con desconfianza las cábalas de la conselleria en manos de los socialistas.
Vivienda estrenará partidas en calidad de conselleria. Está en manos de Podemos, el único departamento de la Generalitat liderado por los morados, con un responsable, Rubén Martínez Dalmau, que además es vicepresidente de la Generalitat. Los podemistas no se pueden permitir el lujo de gestionar un área con unas competencias ya de por sí limitadas y que aún reduciría aún más su trascendencia si no recibe una atención económica que le permita a Podemos justificar su incorporación al Gobierno valenciano. Sin embargo, para que Martínez Dalmau pueda 'lucirse' como conseller alguien, otra departamento de la Generalitat, deberá dar un paso presupuestario atrás.
Innovación está en la misma situación. Son las dos nuevas consellerias, que precisan de una dotación económica que saldrá de unos ingresos sin margen de mejora. Actualmente, Innovación trabaja sin presupuesto asignado de manera específica.
La conselleria con sede en Alicante es uno de los proyectos estrella de los socialistas. No puede arrancar sin un empujón financiero que sustancie su actividad. La consellera Carolina Pascual, en la comparecencia que realizó ayer para explicar los retos de su departamento, anunció que impulsará un marco de financiación estable y plurianual para las universidades públicas valencianas.
En el área de Sociedad Digital, Pascual anunció un «ambicioso» plan de transformación digital del tejido productivo de la Comunitat. La renovación tecnológica depende de la inversión, ya sea directa o a través de subvenciones. Igualmente, se va a proponer a Les Corts un cambio legislativo para que la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), que ahora depende de Presidencia de la Generalitat, pase a estar adscrita a esta conselleria. La AVI cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros, el doble de lo que fue la Conselleria de Transparencia. En este apartado, el correspondiente a todo el sector instrumental de la Generalitat, los próximos presupuestos también pueden presentar novedades sangrantes. Actualmente, las empresas y entes vinculados al Gobierno valenciano manejan un volumen de gasto que ronda los 2.700 millones de euros. Entes como la Sociedad de Proyectos Temáticos, lejos de liquidarse, como inicialmente, en 2015, se había anunciado, ha continuado su actividad e incluso la ha diversificado. Habrá que ver cómo Soler logra cuadrar un círculo cada vez más vicioso.
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