Un conseller y tres altos cargos del Gobierno valenciano poseen al menos cinco viviendas

El Gobierno del PSOE y Podemos acordó hace medio mes con ERC Bildu una rectificación del enunciado de la Ley de Vivienda respecto al texto aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros. Entre las modificaciones de mayor calado está la rebaja del número de viviendas por las cuales se puede considerar a un propietario un gran tenedor. Descienden de diez a cinco. Ese quinteto de inmuebles deben estar situados en lugares declarados como zonas tensionadas en el mercado de alquiler.

Lo de ser un 'gran tenedor' es una etiqueta complicada de gestionar. Ya en febrero, cuando el Consell anunció tener listo su nuevo decreto ley sobre la actividad de los grandes tenedores de viviendas, el vicepresidente segundo Héctor Illueca (candidato de Unides Podem a la Generalitat en las próximas elecciones) señaló que «es vital para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial y evitar abusos inmobiliarios en la Comunitat».

Cuatro altos cargos del Gobierno valenciano son potenciales candidatos a entrar en esa categoría inmobiliaria, algo que dependería de qué zonas se consideran como tensionadas en el ámbito del alquiler. El conseller de Sanidad sería uno de ellos. Miguel Mínguez, según la declaración de bienes que ha facilitado a la Generalitat para que se difunda a través del portal de transparencia (Gva Oberta), es propietario al 50% de dos viviendas en Valencia y Alicante, además de otras tres (al 33%) en Teruel.

Igualmente, tres directores generales también podrían entrar entre los considerados como propietarios inmobiliarios de mayor nivel por poseer cinco o más viviendas. Se trata de la directora general de la Abogacía (en el área de Presidencia), María José Rodríguez, propietaria al 50% de tres viviendas en Valencia y otras dos en Castellón, aparte de tres garajes. En un caso similar está María Ángeles Herranz (directora general de Personal Docente en la Conselleria de Educación), que consta como propietaria de otros cinco inmuebles, dos en Valencia (al 50%), otros dos en Cuenca (al 100%) y un quinto en Valencia (al 40% en nuda propiedad), así como cuatro garajes y un local; mientras que el director general de Financiación, José Moreno, figura como poseedor de media docena de viviendas, tres en Valencia, dos en Castellón y una en Guadalajara (todas al 50%).

Situaciones reseñables son las de Jorge Alarte, con cinco viviendas de las que es poseedor de un 12% en nuda propiedad, además de una sexta en pleno dominio al 100%, así como un garaje, tres locales, cuatro inmuebles rústicos y otros tres inmuebles, todo ello en nuda propiedad y con valores catastrales que van de los 100.000 euros a los 1.400 euros. En esta misma situación aparentemente poco habitual queda también la subsecretaria de la Conselleria de Vivienda, Blanca Jiménez, titular en muy diversos porcentajes (desde el pleno dominio hasta apenas un 3%) de 25 inmuebles rústicos con rango de multipropiedad en Madrid con valores catastrales que oscilan entre los 19.900 y los seis euros.

Al filo de convertirse en potenciales tenedores figuran cinco altos cargos más, como es la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (que además de cuatro viviendas, dispone de un buen número de otros inmuebles, todo ello aparte de garajes y locales, que en su conjunto suman un valor catastral superior al medio millón de euros) y directores generales como Molero, Trenzano, Candela o Andrés. En las antípodas inmobiliarias se encuentra más de una docena de altos cargos del Consell sin vivienda entres sus bienes declarados.