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Los cuatro subsecretarios de las cuatro consellerias dirigidas por Compromís y el secretario autonómico de la vicepresidencia han remitido un documento de observaciones al proyecto de teletrabajo que impulsa la Conselleria de Justicia en el que, de manera coordinada, solicitan a la consellera Gabriel Bravo, que incorpore muchas de las recomendaciones que la Abogacía de la Generalitat suscribió en el informe con el que hace semanas abordó el texto legal. En concreto, los subsecretarios de Economía, Educación, Agricultura y Políticas Inclusivas, piden a Función Pública que respete el ámbito competencial de la Administración, en el que las Subsecretarías son las responsables de aplicar la política de personal de cada departamento y, en este caso, la opción de teletrabajar. Con el proyecto de decreto en la mano, esa potestad pasaría a la dirección general de Función Pública, un órgano de menor rango, en la Conselleria de Justicia, para determinar qué puestos de trabajo son los que pueden acogerse al trabajo en remoto. Un punto sobre el que la Abogacía ya puso la vista en su informe y que ahora los responsables de Compromís piden una modificación en la misma línea para «agilizar el proceso». Creen que la intervención de Justicia, a través de la dirección general de función pública «debe ser mínima y no invasiva» a la hora de establecer qué empleados públicos pueden trabajar y qué programas se acogen a la medida.
Además, los representantes de las consellerias de Compromís también piden que se modifique el decreto para que los funcionarios con el rango más alto también puedan acogerse al teletrabajo. Algo que también apoyó Abogacía. Así, solicitan que sean las propias consellerias quienes decidan qué funcionarios pueden o no teletrabajar por la posibilidad de realizar o no esa modalidad en su puesto o fuera de él. «Las limitaciones van en contra de la evidencia empírica y de la tozudez de la realidad», aseguran.
Según el decreto, para poder teletrabajar se debe haber ejercido el mismo puesto durante al menos tres meses antes de solicitarlo, algo que cierra la puerta a quienes cambian de destino o están en comisión de servicio, aunque el trabajo sea el mismo en un lugar diferente. Para ello, piden que se enmiende el decreto y solo sea necesario haber ejercido el puesto o las mismas funciones durante un tiempo previo.Por último, los subsecretarios de Compromís piden que la jornada laboral de los empleados públicos permita que el máximo de días para teletrabajar sea de cuatro a la semana, y no tres como proponía el texto de Bravo.
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