Las consellerias siembran el caos con distintas condiciones para sus funcionarios

El desconcierto se ha adueñado estos días de los 17.629 empleados públicos de la Generalitat, que ayer acudieron por primera vez a sus puestos de trabajo desde que el Gobierno central decretara el Estado de alarma, el pasado sábado. Doce consellerias y doce normas distintas de funcionamiento para los empleados funcionarios de la Generalitat que se empezarán a poner en marcha desde hoy mismo.

La uniformidad pedida por algunas consellerias no se ha llegado a instaurar porque desde cada departamento consideran que su casuística es distinta según los temas que gestionan y, además, la Conselleria de Justicia ya dejó abierto este asunto en su resolución del pasado sábado, en la que dictaminaba hasta trece aspectos a regular en la crisis del coronavirus en el ámbito de la función pública.

En concreto, en el documento suscrito por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se dejaba en manos de las subsecretarías la concreción y aplicación según su ámbito competencial. Bravo dictó las bases sobre aspectos tan importantes como la atención al público, que pasaba a ser predominantemente telefónica o telemática; los horarios especiales; la suspensión de actividades en los centros de trabajo; o la posibilidad de trabajar de manera no presencial para evitar riesgos sanitarios. Pero también otras medidas más específicas a regular como el cierre de colegios y residencias, qué hacer por las pruebas selectivas (quedan pospuestas), las reuniones (se harán por videoconferencia), los cursos y los viajes (pospuestos), o el salario a percibir por el personal público en caso de aislamiento por contagio o por cuarentena (será el 100%). Esos eran los puntos que desde cada conselleria se debían desarrollar para que cada uno de los empleados públicos adscritos a cada área pudieran saber de qué manera actuar a partir de hoy. Y a falta de una decisión homogénea, ayer se emitieron resoluciones de casi todos los centros administrativos.

Por ejemplo, en el caso de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se garantizará la continuidad y correcta prestación de los servicios públicos desarrollados por la Conselleria, especialmente en las tramitaciones de los expedientes de las ayudas de la dependencia y autonomía personal y de la Renta Valenciana de Inclusión. Los registros y servicios de atención al público se harán únicamente de manera telefónica o telemática, quedando suspendida la atención presencial hasta nueva orden. Igualmente y con el objetivo de garantizar la protección de la salud del personal empleado público y su derecho a la conciliación familiar se podrán establecer turnos de trabajo que permitan la continuidad de la prestación de estos servicios. A todos los efectos, todo el personal disponible permanecerá trabajando atendiendo a sus obligaciones, quedando el resto del personal en régimen de prestación no presencial que podrá desarrollar sus funciones y tareas desde sus respectivos domicilios, permaneciendo localizable a través del teléfono o correo electrónico.

Entre las consellerias que menos facilitan las medidas a sus funcionarios está la Conselleria de Agricultura, que sí mantiene la atención directa de manera presencial y sólo enviará a teletrabajar a los empleados que así requieran los altos cargos o responsables de servicio o a los que necesiten conciliar y siempre de manera justificada con una declaración responsable. De hecho, los mayores de 60 años deben justificar que tienen condiciones de salud especiales y los que tengan hijos (de menos de doce años) deberán solicitarlo por mail a la subsecretaría.

Por contra, la Conselleria de Justicia, por ejemplo, sí ha limitado al máximo el personal que puede estar físicamente en su puesto de trabajo y ha reducido a un 30% máximo la capacidad de la torre que ocupa junto con la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. El resto de empleados públicos trabajará desde casa y debe estar localizado.

En el caso del área de Transparencia, por ejemplo, excepto en los centros PROP, en los que la atención presencial ha quedado suspendida y se realiza de manera telefónica, el resto del personal de la Conselleria tendrá que trabajar de manera presencial y excepto contadas excepciones y por causa justificada como ser grupo de riesgo, o la conciliación. Eso sí, siempre de manera justificada. Transparencia no niega, sin embargo, que se puedan establecer turno para reducir concentraciones en el centro de trabajo. Embarazadas y mayores de 60 años podrán quedarse en casa.

En el polo opuesto está la Conselleria de Política Territorial, que ha preferido dar máxima flexibilidad a los empleados públicos que dependen de su titularidad y ha preferido instaurar el teletrabajo excepto en los casos del personal directivo. Es la conselleria más proteccionista con su funcionariado, que deberá seguir trabajando desde casa, pero no deberá asistir a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre.